Mucha polémica ha causado el hecho de que el expediente del senador Álvaro Uribe sea llevado a la Fiscalía y no lo tramite la Corte Suprema.
PUBLICIDAD
Y es que como muchos medios lo vaticinamos, la cercana relación que el fiscal general Francisco Barbosa, ha dicho tener con el presidente, que lo ternó para el cargo que ahora ocupa, genera polémica.
En horas de la noche de este lunes, cuando el senador Iván Cepeda se refirió al hecho de cambio de tribunal, y dijo que recusaría al fiscal y vicefiscal si tomaban la investigación.
Pues como la polémica ahora vira en este sentido, la senadora uribista Paloma Valencia aseguró que si ella hiciera parte de la defensa de Uribe, pediría que echen atrás el proceso, porque lo investigó quien no era.
No se entiende muy bien si se refería a la competencia de la Corte Suprema, que solo perdió su calidad como juez natural tras la renuncia de Uribe, o si hablaba del magistrado Barceló.
“Me parece extraño que el magistrado Barceló haya practicado la investigación sobre el presidente Uribe porque ya había salido el acto legislativo que creaba la primera instancia y que la sala de instrucción era la única competente para investigar. De manera que todo lo investigado por el magistrado Barceló, en mi opinión, es evidentemente es nulo”, dijo la senadora.
Pero apuntó, un comentario aún más polémico:
PUBLICIDAD
«Si yo fuera el abogado defensor del expresidente lo que yo haría es pedir la nulidad de todo lo actuado porque lo investigó quien no tenía la competencia para hacerlo”, afirmó en Revista Semana.
Sin embargo, el penalista Francisco Bernate, reconocido abogado, quien anticipó que la Corte perdería la competencia en la investigación de la Corte, asegura que esto no es cierto.
«La legislación colombiana, cuando una actuación se inicia y tramita de acuerdo a una reglas, pues debe terminarse de acuerdo esas mismas reglas», señala Bernate.
Sobre la posición oficial de Valencia, asegura que «esta es una apreciación política, pero no jurídica» y que no aplica más allá de una opinión personal.
«Esta afirmación por cuanto ella considera que cuando iniciaron las investigaciones ya se había creado la sala de instrucción ya se había creado, pero no estaban proveídos los cargos. Eso no funciona así, cuando se crea una institución solamente empieza a funcionar cuando están las oficinas y los cargos», apuntó.
Así, el penalista asegura que no hay problema y que se presume de la legalidad del proceso, contrario a lo que dice Valencia.
