En los últimos años miles de víctimas en el país han reclamado el abandono del Gobierno pese a estar incluidos en una ley que prometía repararlos, por lo menos en lo económico.
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Pero el escenario se complicó con la llegada del coronavirus, volviéndolos a desplazar de lugar en la lista de prioridades.
Entre 2019 y junio de 2020 la reconfiguración de los escenarios de violencia, motivada por la disputa territorial tras la firma del acuerdo de paz con las Farc y la emergencia causada por el COVID-19, generaron un crecimiento en el número de desplazamientos masivos y confinamientos, principalmente de pueblos étnicos que no han recibido la atención y la reparación integral requerida.
Además, pese a las estrategias implementadas por la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, no se ha logrado atender de manera oportuna y eficiente la alta demanda de solicitudes de las víctimas en materia de ayuda humanitaria e indemnización durante la emergencia.
Por eso varias entidades se reunieron para evaluar la situación y enviar una alerta al Gobierno Nacional.
Una pausa alargada
La Procuraduría, la Contraloría, la Defensoría del Pueblo y la Mesa Nacional de Participación Efectiva de Víctimas advirtieron que la política de víctimas se encuentra en un escenario de incertidumbre.
Poco o nada han avanzado en temas de financiación, nuevas metas o la atención a las víctimas.
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Las Comisiones de Seguimiento y Monitoreo a la Ley 1448 y a los Decretos Leyes 4633, 4634 y 4635 de 2011 advirtieron que por la crisis derivada de la pandemia puede que un porcentaje significativo del 1’813.644 víctimas que habían mejorado sus condiciones en 2019, vea deteriorada su situación socioeconómica, volviendo a vivir en condiciones de pobreza y pobreza extrema.
Por ello se requiere una política de generación de ingresos para esta población, con oferta de proyectos integrales a mediano plazo y articulada entre las entidades.
¿Qué pasó con la ley de víctimas?
Según la Procuraduría, pese a la insistencia de los órganos de control, el Gobierno Nacional no ha presentado una proyección detallada de los recursos necesarios para garantizar los derechos de las víctimas en un tiempo razonable.
Tampoco se cuenta con un nuevo CONPES que incluya la implementación de los decretos leyes étnicos y la articulación con el acuerdo de paz.
Además, el esfuerzo fiscal del Gobierno Nacional de $118 billones entre 2012 y 2020 fue insuficiente para atender al universo de víctimas, que hoy supera los 9 millones.
Según cálculos de la Contraloría, a 2030 se requieren más de $357,4 billones para ejecutar 14 medidas dirigidas a garantizar derechos a la indemnización individual y colectiva, a vivienda urbana y rural, a alimentación, retornos y reubicaciones, educación y salud, entre otros.
Asimismo, no se ha logrado un aporte significativo para la protección y formalización de la propiedad de las comunidades étnicas.
Durante toda la vigencia de la ley y los decretos leyes se han restituido en sentencia 382.755 hectáreas, de las cuales el 58% corresponde a grupos étnicos y el 99% de estas, a territorios ya formalizados (resguardos y territorios colectivos de comunidades negras titulados).
Por eso, para las comisiones es fundamental que el Gobierno ante la contingencia generada por el coronavirus adopte urgentemente correctivos y medidas especiales que mitiguen el impacto de la pandemia en las víctimas y los previsibles retrocesos en su estabilización socioeconómica.
