Un rifirrafe se vivió en Briceño, Antioquia. Hasta la estación de Policía del municipio llegó el alcalde, Wilmar Moreno, muy enojado porque los uniformados estaban cerrando establecimientos donde vendían licor.
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Según el mandatario, la decisión de la Policía iba en contra de lo que él había definido en el decreto más reciente, que apoyaba la reapertura económica gradual y autorizaba la venta y consumo de licor en establecimientos comerciales.
Por su parte, el comandante argumentaba que hay un decreto de orden nacional que prohíbe el funcionamiento de billares, bares y cantinas por la emergencia sanitaria.
El disgusto que generó este choque hizo que el alcalde ordenara un corte del servicio de energía para la estación de Policía. Los uniformados se molestaron, pues no encontraban ningún motivo para que esto ocurriera.
«¿Quién ordena eso? Sabiendo que para cortar la energía tenemos que haber pasado mínimo dos meses de no pago… Eso sí es capricho, es inmadurez», dijo el comandante de la Policía de Briceño.
Según el coronel Jorge Cabra, comandante de la Policía de Antioquia, las alcaldías que tomen decisiones relacionadas con la apertura económica deben tener la aprobación del Ministerio del Interior. «En este caso, el permiso no existe», dijo Cabra.
Por el corte de energía injustificado, la Policía de Briceño interpondrá acciones legales ante la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo.
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