El rector y la auxiliar administrativa de la Institución Educativa Cámara Junior de Armenia, en Quindío, estarían detrás de 20 contratos y obligaciones falsas creadas para apropiarse de los dineros destinados a la educación.
Así lo informó la Fiscalía, que adelanta una investigación en contra de estas personas por los delitos de peculado por apropiación en derecho propio, falsedad material en documento público y peculado culposo.
Las falsas obligaciones eran pagos de telefonía e Internet móvil, contratos de obra y suministro, entre otras, que se realizaban a través de cheques y transferencias electrónicas. En total, el detrimento patrimonial generado a la institución asciende a los $63 millones.
Los imputados son Héctor Fabio Pérez Londoño y Claudia Maritza Rojas López. Aunque Rojas era la encargada de crear los contratos, no habría actuado en desconocimiento de su jefe.
«Se presume que dichas conductas fueron facilitadas por el rector, quien tras un acuerdo verbal le habría delegado el manejo del token transaccional. Con esto le dio permiso y acceso para que dispusiera de los recursos sin ningún control», indicó la Fiscalía.
Ninguno de los dos presuntos responsables aceptó los cargos.
