El problema de Hidroituango no se solucionó con el cambio de administración de Medellín y el alcalde Daniel Quintero así lo hizo saber con las acciones que tomó esta semana.
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“En Medellín no se pierde un peso”, dijo el alcalde de Medellín, Daniel Quintero.
Por eso decidió, junto con el gerente de EPM, Álvaro Rendón, interponer una demanda en contra de los constructores y diseñadores de la represa, con una pretención incial de 9,9 billones de pesos.
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Según Quintero, que también es presidente de la junta directiva de EPM, tras el análisis que hicieron expertos de la empresa y la revisión minuciosa de toda la documentación en materia jurídica, decidió demandar al consorcio diseñador Generación Ituango (compuesto por Integral y Solingral S.A.), el consorcio constructor CCCI (integrado por las firmas Camargo Correa, Conconcreto y Coninsa-Ramón H) y el consorcio interventor Ingetec-Sedic.
Estos “conocieron durante el desarrollo constructivo del proyecto que habían problemas para cumplir correctamente con el ‘Hito de entrada en operación comercial de las unidades de generación’ y que las recomendaciones, decisiones y acciones que se tomaron trajeron consigo un riesgo, que a la postre, condujo al colapso de la galería auxiliar de desviación (GAD) y que obligó a gestionar un manejo sin precedentes de los riesgos ambientales, sociales y de infraestructura siniestrada al interior de la caverna de transformadores”.
En la rueda de prensa, Quintero y Rendón explicaron que desde el 2018, cuando ocurrió la emergencia en Hidroituango, EPM asumió todos los costos causados y estimados. Por eso, como empresa, tienen la obligación de poner en conocimiento de las autoridades “el detrimento sufrido en la obra estimado en $9,9 billones, correspondientes al daño emergente (maquinaria, préstamos, intereses, atención a las 4.000 personas afectadas y pagos a la Comisión de Regulación de Energía y Gas – CREG-) y el lucro cesante (venta de energía, entre otros).
Pero antes de acudir a un juez y elevar la contra los consorcios, EPM prefiere agotar el requisito de la conciliación con los involucrados. De esta manera, esperarán tres meses (hasta el 10 de noviembre), antes de iniciar las acciones legales.
“En caso de que no se logre la conciliación, esta sería la demanda más alta interpuesta por una entidad de derecho público en contra de un contratista en Colombia”, aseguraron.
La renuncia de la junta directiva de EPM
Pero hubo algo que no tuvieron en cuenta Quintero y Rendón, y que molestó profundamente: la opinión de todos los miembros de la junta directiva de EPM.
En una reunión extraordinaria que realizó la junta directiva ayer aseguraron que el alcalde y el gerente de la empresa no los tuvieron en cuenta para tomar una decisión y que, de hecho, desconocían las acciones legales que van a tomar.
En una carta dirigida a Quintero dijeron:
«Señor alcalde, como lo hemos recomendado reiteradamente, hacemos énfasis en que Empresas Públicas de Medellín debe enfocarse en los grandes retos que hoy enfrenta, como la terminación de Hidroituango, Caribe Mar y la atención de los efectos del COVID 19, en particular, frente a las débiles finanzas de los usuarios».
Por eso y al concluir que su paricipación no cuenta, aseguraron que «nos vemos obligados a presentar nuestra renuncias como miembros de la junta directiva».
Los que renunciaron son Luis Fernando Álvarez Jaramillo, Jesús Aristizábal Guevara, Andrés Bernal Correa, Oswaldo León Gómez Castaño, Javier Genaro Gutiérrez Pemberty, Gabriel Ricardo Maya Maya, Manuel Santiago Mejía Correa y Elena Rico Villegas.