El senador y expresidente Álvaro Uribe Vélez pasó de acusador a acusado.
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El proceso, que tardó ocho años en tomar forma, le pasó factura al político más influyente y polémico en la actualidad del país.
«La privación de mi libertad me causa profunda tristeza por mi señora, por mi familia y por los colombianos que todavía creen que algo bueno he hecho por la patria», con esa frase el líder del Centro Democrático anunció en la tarde de ayer la decisión que la Corte Suprema de Justicia tomó en el proceso en su contra por presunto fraude procesal y soborno de testigos.
Todo empezó en 2012, cuando el expresidente demandó por supuesta manipulación de testigos a Iván Cepeda.
Para esa época Cepeda trabajaba en una denuncia en el Congreso en contra de Uribe por supuestos vínculos con el paramilitarismo.
Esa denuncia tuvo lugar en el Senado en 2014 y desde entonces la tensión entre ambos senadores fue haciendo que el proceso judicial diera pasos importantes.
Cuatro años después la Corte Suprema decidió archivar la investigación contra Cepeda y abrirla contra Uribe.
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Se dieron cuenta que fue el expresidente el que manipuló a testigos para que dijeran que él había fundado el Bloque Metro de las AUC, convirtiendo este caso en el búmeran que lo dejaría más cerca de la cárcel.
Lo que llama la atención es que este caso es el menos grave de una larga lista de investigaciones que pesan en su contra.
Otros casos contra Álvaro Uribe Vélez
Las primeras denuncias en su contra surgieron años después de su gestión, a comienzos de los años 80, como director de la Aeronáutica Civil, por el supuesto otorgamiento de licencias a personas relacionadas con el narcotráfico.
Luego, se le acusó de haber apoyado la masacre de El Aro mientras fue gobernador de Antioquia, en la que paramilitares asesinaron a 17 campesinos en octubre de 1997.
Más tarde, en 2009, salió a la luz el escándalo de las interceptaciones telefónicas del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) a magistrados, políticos y periodistas, por el que fueron condenados a penas de prisión varios de sus funcionarios.
En febrero del año siguiente sufrió un revés en la justicia cuando la Corte Constitucional desautorizó la celebración de un referéndum para decidir sobre una segunda reelección suya, lo que puso fin a sus aspiraciones de completar doce años en la Presidencia.
Ahora este caso es el que más lo acerca a una condena, hecho por el cual algunas víctimas como las madres de los falsos positivos esperan que se haga justicia.
