Un tribunal colombiano impuso medidas cautelares sobre ocho predios que conforman una hacienda en el departamento de Córdoba, valuados en 9.000 millones de pesos (unos 2,4 millones de dólares) y que están vinculados a las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), desmovilizadas en 2006. Le quitan millonarios bienes a Memo Fantasma.
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Así lo informó este martes la Fiscalía, que detalló que por solicitud suya la Sala de Control de Garantías de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bucaramanga decretó el «embargo, secuestro y suspensión del poder dispositivo» de los predios que conforman la Hacienda Las Vegas, ubicada en el municipio de Buenavista.
Con base en varias versiones libres realizadas por la Dirección de Justicia Transicional a exparamilitares de las desmovilizadas AUC y diligencias realizadas ante la magistratura de Justicia y Paz, se estableció el vínculo de los predios con el Bloque Central Bolívar (BCB), de ese grupo, y con Guillermo León Acevedo, alias «Memo Fantasma».
En ese sentido, la Fiscalía aseguró que logró establecer los nexos de «Memo Fantasma» con el BCB, que empezaron «a mediados de 1998 hasta la desmovilización de ese grupo armado en 2006, siendo señalado de ser el encargado de liderar las actividades de narcotráfico» del Bloque Central Bolívar.
Los bienes, añadió la Fiscalía en un comunicado, «quedarán bajo la administración del Fondo para la Reparación a las Víctimas».
«En la decisión tomada por el Tribunal Superior de Justicia y Paz de Bucaramanga respecto de la hacienda Las Vegas, se compulsaron copias por testaferrato a terceros en poder de los bienes», detalló el organismo.
En mayo pasado, la Fiscalía citó a declaración jurada al arquitecto Álvaro Rincón Muñoz, esposo de la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, por una investigación contra «Memo Fantasma», señalado de tener nexos con paramilitares y narcotraficantes.
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Un informe publicado en marzo de este año por la fundación Insight Crime menciona que la empresa de construcción de Rincón, en la que la vicepresidenta aparece como accionista, desarrolló en Bogotá un proyecto inmobiliario en un terreno de «Memo Fantasma».
De acuerdo con InSight Crime, «Memo Fantasma» estaba relacionado con el tráfico de drogas desde la época de Pablo Escobar, jefe del Cartel de Medellín, quien fue abatido en 1993 en una operación de la Policía colombiana en esa ciudad.
Las AUC se desmovilizaron en 2006 tras un proceso de negociación con el Gobierno del entonces presidente colombiano Álvaro Uribe (2002-2010).
Como parte del acuerdo, los exparamilitares se acogieron a una Ley de Justicia y Paz, que contempla penas de máximo ocho años de cárcel a cambio de colaboración para esclarecer crímenes.
