e productos de consumo básico y de aseo a la población vulnerable durante la pandemia».
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La Fiscalía acusa al alcalde y al contratista de los delitos de contrato sin el cumplimiento de los requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos, peculado en la modalidad de tentativa y falsedad ideológica en documento público, agregó la información.
«De acuerdo con los hallazgos del ente acusador, el precio del contrato ascendió a 65 millones de pesos (unos 17.800 dólares) por los posibles sobrecostos facturados en los productos», detalló el organismo.
En ese sentido, la Fiscalía constató que ninguno de los dos documentaron «el cómo, cuándo, dónde y a quiénes específicamente se entregaron los mercados, los kits de aseo y de seguridad personal que debían ser destinados a las familias afectadas por la emergencia sanitaria en el municipio de La Palma».
«Se presume que se habrían vulnerado los principios de transparencia y selección objetiva, toda vez que el diseño del contrato y su adjudicación no se ajustan a los requerimientos que exige la ley en estos casos», precisó el ente acusador.
La representante de la Fiscalía que imputó los cargos al alcalde y al empresario señaló que al mandatario «le asistía un interés por adjudicarle a este empresario el contrato, como lo hizo saber públicamente varias veces en los medios de comunicación».
«Incluso, en entregarle la administración de un parque automotor del Municipio, dinero que no alcanzó a salir de las arcas de la población», sostuvo.
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