La Contraloría abrió procesos de responsabilidad fiscal contra los gobernadores del Tolima y Guainía y el alcalde de Cartagena de Indias por millonarios sobrecostos en contratos firmados para atender a la población vulnerable afectada por la pandemia del coronavirus.
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El contralor general, Carlos Felipe Córdoba, dijo en una rueda de prensa que la entidad abrió tres procesos contra el gobernador del Tolima, José Ricardo Orozco, por un total de 2.121 millones de pesos (unos 565.000 dólares).
Las acciones contra Orozco son por «presuntos sobrecostos en dos contratos de suministros de kits alimentarios y de aseo y por el pago de mayores valores e intermediación innecesaria en un contrato relacionado con la estrategia de divulgación del tema COVID-19», aseguró Córdoba.
El funcionario detalló que uno de los contratos investigados lo firmó la Gobernación con la empresa Sierra Pineda S.A.S., en el que los kits de mercado y de aseo eran para mitigar los efectos del aislamiento obligatorio por la pandemia en la población más vulnerable del departamento.
Los costos de esos kits eran de poco más de 4.000 millones de pesos (cerca de un millón de dólares) pero se pagaron 5.154 millones de pesos (unos 1,3 millones dólares), lo que representó un presunto sobrecosto de 1.151 millones de pesos (unos 307.000 dólares).
La otra investigación contra Orozco tiene que ver con la firma de otro contrato de 5.000 millones de pesos (unos 1,3 millones de dólares) y en el que habría un detrimento de 827 millones de pesos (unos 220.000 dólares).
En el tercer contrato, el detrimento sería por 143 millones de pesos (unos 38.000 dólares) como consecuencia del «daño al patrimonio del departamento derivado del pago de mayores valores por intermediación innecesaria» en una estrategia de comunicación denominada «Plan de Comunicación-Emergencia COVID 19-2020».
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CONTRA EL ALCALDE DE CARTAGENA
El contralor Córdoba también informó que la entidad abrió un proceso de responsabilidad fiscal contra el alcalde de Cartagena de Indias, William Dau, por presunto «daño al patrimonio público» por un cuantía de 193 millones de pesos (unos 51.000 dólares)
Los sobrecostos se «habrían pagado» en un contrato que tenía por objeto «el suministro de insumos sanitarios y de protección como medida de prevención, reducción de los factores de riesgo y amenaza ante el COVID-19 en el Distrito de Cartagena».
Igualmente, la Contraloría inició una acción de responsabilidad fiscal contra gobernador del Guainía, Juan Carlos Iral Gómez, como consecuencia del daño al erario «derivado del presunto sobrecosto» en un contrato firmado con una particular para comprar víveres para la población afectada por el coronavirus, con sobreprecio de 112 millones de pesos (unos 29.868 dólares).
ACUSACIÓN CONTRA GOBERNADOR DEL CHOCÓ
De otro lado, el fiscal colombiano, Francisco Barbosa, que acusar a acusará y solicitará cárcel para el suspendido gobernador del Chocó, Ariel Palacios Calderón, por su presunta responsabilidad en graves irregularidades en contratos que tenían por fin la atención de la pandemia en ese departamento.
Los cargos contra Palacios son por celebración de contratos sin cumplimiento de requisitos legales, tentativa de peculado por apropiación y lavado de activos.
Estas acciones se desarrollan dentro de una estrategia conjunta de la Fiscalía, la Contraloría y la Procuraduría para defender los recursos públicos destinados a la atención de los afectados por la emergencia ocasionada por el coronavirus.
Investigan a dos gobernadores y un alcalde por contratos ante pandemia
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