La Procuraduría de Colombia confirmó este martes las millonarias multas e inhabilidades para ejercer cargos públicos a dos exgerentes de la empresa Triple A, responsable de los servicios públicos de Barranquilla y controlada por Inassa, filial latinoamericana de la española Canal de Isabel II.
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Las sanciones son contra Ramón Navarro Pereira y Julia Margarita Serrano Monsalvo «por el pago a la Sociedad Interamericana de Aguas y Servicios S.A. -Inassa- de servicios no prestados», señaló el Ministerio Público en un comunicado.
Los exgerentes fueron sancionados por el contrato suscrito el 4 de septiembre del 2000 entre Triple A e Inassa, por medio del cual la primera empresa le pagaba a la segunda el 4,5 % del recaudo mensual de servicios domiciliarios de alcantarillado, acueducto y limpieza a cambio de una asistencia técnica que, según la Procuraduría, nunca se prestó.
Por ese concepto se pagaron a Inassa más de 237.000 millones de pesos (unos 62,4 millones de dólares de hoy).
Según la Procuraduría, los exgerentes permitieron que Inassa «se apropiara de recursos» de Barranquilla «al autorizar pagos por la asistencia técnica en la gestión comercial, operativa, administrativa y técnica respecto a los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo, pese a no existir evidencia del cumplimiento del objeto contractual».
El Ministerio Público calificó las faltas de los exdirectivos como «gravísimas a título de culpa gravísima, por apropiarse, directa o indirectamente, en provecho propio o de un tercero, de recursos públicos, o permitir que otro lo haga; o utilizarlos indebidamente».
CONFIRMACIÓN DE MULTAS
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En un fallo de segunda instancia, es decir que no puede ser apelado, la Procuraduría confirmó la multa por 33.332 millones de pesos (unos 8,7 millones de dólares de hoy) impuesta a Navarro Pereira, y la de 2.140 millones de pesos (unos 564.000 dólares) a Serrano Monsalvo.
También mantuvo la sanción por el término de 12 años a Navarro Pereira, y redujo de seis a cuatro años la de Serrano Monsalvo para ejercer cargos públicos.
El Ministerio Público constató que la conducta de Navarro Pereira y Serrano Monsalvo «resultó contraria a los deberes que le compete observar a quien lidera una empresa de servicios públicos».
Por este caso, la Fiscalía colombiana anunció en octubre de 2018 un proceso de embargo con fines de extinción de dominio de acciones de Inassa en Triple A y ordenó sanciones para ocho directivos y exdirectivos.
Dichas acciones, por valor de 202.000 millones de pesos (unos 67 millones de dólares de entonces), corresponden al 82 % del capital de Triple A.
