El pasado sábado un grupo de empleados de Alitas Colombianas realizó una protesta en las instalaciones de uno de los locales.
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Aseguraron que la empresa estaba cometiendo presuntas irregularidades laborales contra sus empleados en medio de la pandemia.
Luis Carlos Ramírez de 27 años, llevaba dos años en calidad de administrador del local en Kennedy y contó a este medio los pormenores de su denuncia.
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En ellas, este empleado, afirmó que sufrió de “persecución laboral, acoso y explotación” por parte de sus empleadores
“Desde que comenzó la cuarentena general en el país a la mayoría de los empleados de Alitas Colombianas los enviaron a unas vacaciones colectivas. Con excepción de los administradores y de los jefes de cocina. Nosotros aceptamos estas condiciones porque nos comprometimos en apoyar a la empresa”, dijo Ramírez a PUBLIMETRO.
Días después, la compañía se comunicó con los administradores de los locales y les informaron que ellos mismos debían encargarse de la cocina, los pedidos y la administración del lugar sin los jefes de cocina.
“Nosotros no podíamos llevar toda esa carga laboral sin los jefes de cocina. Entonces llegamos a un acuerdo. Aceptamos que nos bajaran el sueldos a los administradores al mínimo, para mantener los sueldos de los jefes de cocina. Pero ellos nos decían que esto era temporal y que si la empresa tenía ganancias las condiciones cambiarían y que nos iban a reunir a todos. Lo importante era mantener la calidad del servicio”.
Los llamaron para firmar un acta de acuerdo de disminución de salario para poder conservar sus empleos.
Ramírez aseguró que pasó el mes de abril y hasta mediados de mayo sin que la situación cambiara y sin que la empresa “fuera clara” con sus trabajadores, pese que estaban vendiendo y produciendo, sin el mismo personal, en medio de la pandemia.
“Solo en el local de Kennedy reportamos ventas mensuales por el mes de mayo cercanas a los 35 millones de pesos. Y en un fin de semana, con tan sólo dos personas en el este punto de venta, generábamos en venta cerca de los 6 millones de pesos. Hubo muchas ganancias en cada sede. Es muy injusto, porque trabajamos con sentido de pertenencia hacia la empresa, nos pusimos la camiseta para apoyarnos en medio de la crisis y reportamos ganancias”.
El administrador vio reducido su sueldo en un 53% y el los jefes de cocina en un 41% pese a trabajar extenuantes turnos de más de 10 horas, teniendo una carga laboral intensa, por todos los formatos, inventarios, toma de pedidos y hasta “las limonadas las tenía que hacer. Ustedes no se imaginan todas las tareas y todo lo que implica estar al frente en la línea de fuego de la alimentación y la cocina porque también estamos poniendo en riesgo a nuestras familias y nuestra salud ateniendo al público en la pandemia”.
Según Ramírez el acuerdo de disminución fue únicamente firmado por el mes de abril, entre el 1 de mayo y el 20 de mayo «los administradores no tuvimos respuesta clara por parte de los empleadores hasta el 21 de mayo que nuevamente nos sentimos obligados a firmar una prórroga indefinidamente por la preocupación de que nos echaran y afectaran nuestros núcleos familiares. Muchos somos cabezas de hogar y mantenemos la economía de nuestras familias».
“Empezaron las llamadas que recibí, en las que nos decían, que si no queríamos seguir trabajando, ellos llamarían a las más de cien personas que se quedaron en vacaciones colectivas, para que tomaran nuestros empleos, por el mínimo, porque había mucha gente que quería nuestros trabajos. Eso era una amenaza”, recalcó.
El joven contó cómo quienes se negaban a seguir trabajando, enseguida le enviaban la suspensión de su contrato, suspensión laboral con terminación del contrato sin justa causa.
El pasado viernes 23 empleados participaron en una protesta para proteger sus derechos laborales.
“Ese día a las 9:43 p.m. recibí la suspensión de mi contrato sin justa causa. El sábado entregué el local con el inventario y la jefa que lo recibió quedó sorprendida de toda la organización y el excelente desempeño que mantenía en el local”.
Finalmente de los 23 trabajadores que participaron en la protesta, solo seis empleados, permanecieron en su reclamo para proteger sus derechos laborales y fueron despedidos. “Al resto los convencieron para seguir en las mismas condiciones”.
📢 Grave denuncia de acoso y explotación laboral levantan las trabajadoras y trabajadores de @alitas_col.
— Edmundo López G. - Edil Chapinero. (@EdmundoLoGu) June 12, 2020
Amenaza de despidos, disminución salarial de hambre y falta de voluntad de los dueños para buscar créditos y apoyos de subsidio a la nómina.
En la lucha ✊🏼🐔
@alitasinjusto pic.twitter.com/0efQGcCHtw
¿Qué respondió la empresa?
PUBLIMETRO se comunicó con el área de Gestión Humana de Alitas Colombianas y remitieron un comunicado firmado por Santiago Lopera, gerente general.
«Alitas Colombianas aún en esta en emergencia, ha procurado proteger a sus trabajadores, entendiendo que ellos y sus familias son el activo más importante», escribieron.
Aseguraron que las disposiciones adoptadas fueron acordadas con los mismos trabajadores.
«En medio de esta emergencia se han adoptado medidas que han sido alcanzadas de mutuo acuerdo con los trabajadores, siendo así, que en algunas oportunidades se han entregado beneficios más allá de las garantías de ley, como es el caso de los auxilios de alimentación, protección de nuestras colaboradoras en estado de embarazo y de mujeres cabeza de familia».
Afirmaron que en ningún momento hubo algún tipo de presión contra sus empleados.
«Desde las directivas de Alitas Colombianas se ha promovido la política de cuidado y bienestar de los trabajadores y no está de acuerdo con ninguna forma de coerción en contra de ellos».
Los trabajadores afectados aseguran que tramitarán su denuncia ante el Ministerio de Trabajo y que además la Personería de Kennedy e Integración Social de la Alcaldía de Bogotá ya fueron notificadas de estas denuncias.
Los empleados formularon un pliego de peticiones, allí exigen no ejercer funciones para los cuáles no han sido contratados y devolver sus salarios al contrato original.
«Queremos resaltar nuestra preocupación frente a las decisiones tomadas y que tenemos miedo por nuestra seguridad e integridad. Que se de una pronta y satisfactoria solución a una digna liquidación y indemnización pronta y justa dentro de los parámetros legales», concluyó Ramírez.