En septiembre del 2019 se anunciaba que dos exgobernadores de Antioquia estarían enredados por un contrato. Caso del Gobernador de Antioquia es similar al de Gina Parody y Cecilia Álvarez.
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Caso del Gobernador de Antioquia
Un artículo publicado el pasado 2 de septiembre de 2019 por Angélica Benavides en el portal asuntoslegales.com.co, explicaba con detalles el asunto.
La publicación explica que en ese entonces se anunció que la investigación del fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia involucraba a 17 personas. Las irregularidades se concentraban en la firma de un otrosí de adición de presupuesto.
El contrato tenía como objeto el mejoramiento de la Troncal de la Paz en el 2007 en Antioquia.
En el 2005, Gaviria firmó con el Consorcio Troncal de la Paz, de la que es accionista el Grupo Solarte. En ese contrato se debía realizar mantenimiento y mejoramiento de la vía. El costo del contrato era por $41.663 millones.
El apoyo financiero y la vigilancia estuvo a cargo del Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo en Territorio (Fonade), indica el artículo.
El contrato inicial
El contrato inicial era por $12.339 millones, pero dos años después el 27 de diciembre de 2007, la secretaria de Infraestructura del departamento firmó un otrosí. En este se añadieron otros $16.334 millones.
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La adición era para asegurar la construcción de un puente sobre el río Nechí y así conectar al municipio de Bagre con la Troncal de la Paz. Este cambio habría sido un proyecto diferente y probablemente necesitaba un proceso de licitación, reveló la publicación.
Lo anterior, era según lo que establecía la ley de contratación de obras públicas que estaba vigente en ese momento, así como el régimen contractual.
En el contrato inicial, la obra debía ejecutarse en un plazo de 26 meses, dos años y dos meses, que no cumplió.
Además, se entregó un anticipo superior a 29% diciendo que eran necesarios para el inicio de las obras.
Durante la investigación
La Contraloría de Antioquia, en 2011; la Procuraduría de Antioquia, en 2012; y la Fiscalía investigaron el último otrosí. Existía la posibilidad de irregularidades, ya que el otrosí se firmó cuatro días antes del final del mandato de Aníbal Gaviria.
El que ejecutó el contrato fue Luis Alfredo Ramos y fue liquidado de manera unilateral por el tercer gobernador: Sergio Fajardo.
Durante la investigación del caso, la Fiscalía citó a rendir indagatoria a varios funcionarios de la administración de Aníbal Gaviria:
- Nadia Maryori Maya Lopera, entonces directora de Desarrollo y Evolución Contractual
- Margarita María Ángel Bernal, secretaria de Infraestructura Física para el Desarrollo de Antioquia
- Jorge Montoya, profesional de la Secretaría de Infraestructura
- Mauricio Restrepo González, secretario de Infraestructura Física
- Wilson Herrón Beltrán, coordinador del contrato
- Juan Fernando Franco Uribe, coordinador del contrato
- Jorge Ignacio Montoya Delgado, profesional de la Secretaría de Infraestructura Física
- Edir Amparo Graciano Gómez, directora de Desarrollo y Evolución Contractual.
Los contratistas
Los contratistas también fueron citados a declarar: Luis Fernando Solarte Viveros, representante legal del Consorcio Troncal de la Paz; Carlos Solarte; Paola Solarte e Ignacio Narváez.
Carlos Solarte acreditó la experiencia en la ejecución de ese contrato que entregó terminado en junio de 2010.
En el artículo se destaca que el constructor está vinculado a las investigaciones por pagos de sobornos de Odebrecht.
Además, la Fiscalía lo acusó de supuestamente pagar para obtener el contrato del túnel Tunjuelo-Canoas. un proyecto adjudicado en 2009 para conectar al río Tunjuelito con la planta de tratamientos residuales de Canoas, caso por el que en su momento Solarte se declaró inocente.
Por el contrario, su hija Paola Solarte, también citada a indagatoria por el caso de Troncal de la Paz, sí aceptó los cargos que la Fiscalía le imputó por el pago de sobornos para obtener junto con Odebrecht el mencionado contrato de Tunjuelo-Canoas.
Así es como este caso es muy similar al de las exministras Cecilia Álvarez y Gina Parody, por interés indebido en la celebración de contratos y por contrato sin el cumplimiento de los requisitos legales y prevaricato.
