Al mandatario departamental un juez le impuso medida privativa de la libertad. ¡Atención! Emiten orden de captura contra el Gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria.
Gobernador de Antioquia
Este viernes 5 de junio la Fiscalía General de la Nación informó que se ordena la captura del gobernador.
El mandatario estaba vinculado a una investigación por irregularidades de contratación.
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Un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia resolvió la situación jurídica. Le impuso medida de aseguramiento privativa de la libertad.
Hoy se le comunicó al Presidente de la República para que se cumpla con la suspensión del cargo.
De tal manera, que el presidente debe realizar los trámites correspondientes para garantizar el funcionamiento del departamento.
Las razones
Según elementos recopilados, bajo Ley 600/00, Aníbal Gaviria incurrió en delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación.
Todo por modificaciones al contrato de mejoramiento y pavimentación de la troncal La Paz, en el tramo La Cruzada–Caucasia.
Los elementos evidencian el pago irregular de anticipos y otras anomalías en el proceso de contratación. Hechos que habrían ocurrido durante el primer periodo del gobernador entre 2004 y 2007.
«Los elementos recopilados en el proceso, que se sigue en el marco de la Ley 600 de 2000 (anterior sistema penal), indican que Aníbal Gaviria Correa, cuando se desempeñó como gobernador de Antioquia entre 2004 y 2007, incurrió en los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales en concurso homogéneo, y heterogéneo con peculado por apropiación en favor de terceros», indicó el comunicado de la Fiscalía.
Los contratos
El fiscal encontró que en el contrato suscrito en el 2005 por valor de $41.663.432.778, se pactó inicialmente un anticipo del 25% y luego se amplió al 29%. Lo que significó casi $1500 millones de pesos de más para el contratista.
«Esta modificación desconoció requisitos legales esenciales, como los principios de planeación y transparencia. Además, se constató que el mencionado anticipo fue pagado sin la aprobación de una garantía contractual que aseguraría la destinación correcta de los dineros», agregó en comunicado.
Esta omisión, permitió que el contratista invirtiera más de $10.000 millones en maquinaria y equipos.
Asimismo, la investigación evidenció que se hicieron dos adiciones al contrato inicial, que tampoco habrían atendido los principios esenciales de la contratación pública.
«Una, representó cerca de $4000 millones de pesos para adecuaciones de un sector específico de la misma troncal; la otra, mediante un otro sí, se realizó cuatro días antes de finalizar el periodo del gobernador y contempló la construcción de una vía de acceso al municipio de El Bagre, Antioquia», confirmó la Fiscalía.
Este último caso se comprometió más de $16.000 millones de pesos y debía ser objeto de un nuevo proceso de selección y no podía hacer parte del contrato original.
«Para la Fiscalía, el gobernador era el representante legal del departamento, el ordenador del gasto y, aun cuando hubiese delegado la función de contratar, debía ejercer la vigilancia, coordinación y control de la delegación», enfatizó la Fiscalía.
