Desde hace poco más de un año, una de las editoriales más influyentes en español vive una crisis en Colombia que bien podría leerse de corrido como una novela marcada por los excesos de poder. El 4 de abril de 2019, el sello estatal mexicano Fondo de Cultura Económica anunció la llegada del escritor Nahum Montt a la dirección de su filial en Bogotá.
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El comunicado del FCE Colombia, que anunciaba la designación de Montt, decía que la decisión formaba parte de un “cambio radical” y que era una de las reformas del nuevo director general en México, el escritor Paco Ignacio Taibo II, que había tomado las riendas de la institución el 1 de diciembre de 2018. El nombramiento de Montt, de 53 años, como director de la filial colombiana no causó mayores sorpresas. Desde hace años, ambos escritores comparten una vieja amistad, ampliamente divulgada en internet. Pero, más allá de eso, Montt tenía credenciales para el puesto: fue docente de Literatura en la Universidad Externado, coordinó el área de Literatura del Ministerio de Cultura y dirigió la Red Nacional de Talleres de Escritura Creativa, además de haber escrito cuatro novelas.
Con la llegada de Taibo a la cabeza del FCE, por invitación del presidente Andrés Manuel López Obrador, se adivinaba una de las mayores transformaciones en la historia de una editorial que cuenta con 35 librerías en 11 países de Iberoamérica y un catálogo con casi 10 mil títulos. Desde los primeros días de su administración, Taibo le dio al FCE “un enfoque popular”, en palabras de Francisco Pérez Arce, gerente editorial de Fondo, y creó la colección de bajo precio Vientos del pueblo. Así mismo, introdujo una política de austeridad que llevó a suspender publicaciones que ya habían contratado las filiales y alzó muy pronto una bandera contra la corrupción.
“El Fondo es como un rey que se paseaba desnudo y nadie se atrevía a decirlo”, le dijo Taibo a El País el día después de posesionarse. Sostuvo que había encontrado “cargos que ganaban dineros insospechados por hacer trabajos insospechados” y que su misión sería cortar de tajo las malas costumbres. “Vamos a limpiar la casa con machete”, aseguró.
En Colombia, los cambios en el Fondo se dieron con rapidez, pero no en la dirección que los casi 50 empleados de la editorial esperaban. Una investigación de La Liga Contra el Silencio, soportada en múltiples documentos, nueve testimonios (de personas cuyos nombres fueron cambiados para proteger la identidad de los denunciantes) y otras fuentes que entregaron información, pudo establecer que Montt firmó contratos millonarios entre el FCE y tres sociedades sin trayectoria con las que su hijo estaba vinculado; obligó a algunos funcionarios a firmar una cláusula de confidencialidad, bastante inusual en el mundo editorial; recibió una queja ante el Ministerio de Trabajo por un presunto despido colectivo; ordenó ampliar sin los permisos requeridos el parqueadero del Centro Cultural Gabriel García Márquez, construcción patrimonial donde funciona el FCE Colombia; e incurrió en el uso irregular de la tarjeta de crédito corporativa.
Al menos desde diciembre de 2019, la casa matriz en México ha estado al tanto de lo que viene ocurriendo en la sede colombiana, pero hasta ahora ha optado por mantener la historia en silencio y dejar en el cargo al escritor nacido en Barrancabermeja. Taibo, quien habló por primera vez sobre el caso para este reportaje, reconoció que en la filial colombiana habían ocurrido «fenómenos, sino de corrupción, de administración incorrecta» y dijo que está esperando a salir de la pandemia de la COVID-19 antes de definir el futuro de Montt en el Fondo. Pero también dijo: «La corrupción no es lo mío y donde la encuentro, corto cabezas».
Una asesoría millonaria y una cláusula para el silencio
El día en que el FCE anunció a Nahum Montt como director, a las 3:51 de la tarde, la Cámara de Comercio recaudó el impuesto de registro de una sociedad llamada Muysua SAS. Según sus estatutos, la empresa tenía como objeto “prestar asesorías y consultorías de cualquier tipo a sociedades colombianas o extranjeras” y “administrar por cuenta propia o ajena toda clase de bienes muebles o inmuebles”. Cuatro accionistas se dividían las acciones: Maryoiry Ávila (40 %), Germán Montt (40 %), Angélica Bermúdez (10 %) y Carlos Gómez (10 %).
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Germán, hijo de Nahum Montt, es ingeniero electrónico de la Universidad Javeriana de Bogotá y máster en negocios de la Universidad San Pablo de España. Hasta entonces había trabajado en el área informática de algunas empresas –ninguna del sector editorial– y había desempeñado su cargo más reciente (entre 2016 y 2019) en Moviired, una empresa que permite recargar el celular y pagar facturas del servicio público.
En Moviired había coincidido con los otros accionistas de Muysua SAS, como se puede ver en la red social para profesionales LinkedIn. En su propia página web, Germán Montt dice sobre sí mismo (traducción del inglés): “Mi historial en el sector técnico y mi experiencia, junto a mi visión clara de negocios, me permite traducir las necesidades de los clientes en soluciones factibles y rentables”. La Liga buscó a Montt hijo para conocer su versión de los hechos, pero dijo que no daría declaraciones.
Si bien Muysua SAS no tenía experiencia en el sector editorial, el 15 de abril de 2019, apenas nueve días después de ser constituida, la empresa suscribió un contrato de prestación de servicios con el FCE. El documento lo firmaron Nahum Montt, en nombre de la editorial, y Maryoiry Ávila, representante legal de Muysua SAS. Según el contrato, esta empresa se encargaría de diseñar y brindarle al FCE un “modelo de rentabilización de negocio” a cambio de 216 millones de pesos colombianos, pagados en cuotas mensuales durante el transcurso de un año. En otras palabras, la editorial pagaría la suma para que Muysua SAS le ayudara a mejorar sus números.
Según Nahum Montt, que habló con La Liga para este reportaje, el FCE contrató a Muysua para hacerle una «reestructuración» a la filial colombiana. Dijo que la administración anterior le había entregado la editorial en un estado financiero que «no era viable» y que por eso recurrió a «una empresa que se especializa en salvar empresas en crisis».
El economista mexicano Alvaro Velarca, que dirigió el FCE Colombia de 2016 a 2019, tiene una versión muy distinta. Según explica, cuando le entregó el cargo a Montt, la colombiana «era la única de las filiales con utilidad operativa año con año y con pasivos saneados, como constata en los estados financieros dictaminados». Afirma que la situación era tan positiva que «en términos relativos, Colombia era la unidad más rentable del grupo, incluyendo la casa matriz». En su opinión, esto hacía que fuera «absolutamente innecesario hacer una reestructuración».
En todo caso, en abril de 2019, según el testimonio de varios empleados de la editorial, “una atmósfera de secretismo” envolvió desde el comienzo la relación entre el Fondo y Muysua SAS . “Yo me enteré de la existencia de Muysua por casualidad, nunca me hablaron de ellos”, dice Mónica, una funcionaria del FCE. Por su parte, Érica, otra empleada, asegura: “Cuando entraron, de repente nos empezaron a llegar correos de esa empresa. No había ningún tipo de comunicación real. Había un silencio total, un mutismo, no había directrices”.
Muysua SAS producía una sensación de misterio en parte porque las reuniones que tenía con los coordinadores del FCE no se celebraban en las oficinas de la editorial, ubicadas en el casco histórico de Bogotá, sino en un espacio de trabajo compartido WeWork en el norte de la ciudad. Según dos fuentes, se reunían en otra parte porque los muros del Centro Cultural “son demasiado delgados y se escucha todo”.
Las reuniones, por lo general, tenían la misma estructura: primero se hablaba de los valores éticos del Fondo y luego de estrategias comerciales. También se discutía sobre cómo alinear al equipo comercial con unas nuevas metas de ventas que, en la opinión de Octavio, eran “desbordadas”. Para él, esas sesiones eran en realidad “pura carreta” para justificar el objeto social de Muysua SAS: “Los procesos que nos sugerían los podíamos hacer internamente. Claro, teníamos que hacer ajustes, pero no era necesario tercerizar el manejo de la editorial. Para eso nos habían contratado a nosotros”.
Con el tiempo, Muysua SAS y sus accionistas asumieron más funciones en el FCE. De supervisar la parte administrativa y financiera pasaron a incidir en otras áreas. “Para mí eso fue complicado –recuerda Mónica–. Si alguien es experto en alimentos y lo nombran para manejar una empresa de automóviles, pues le va a ir mal”. A pesar de que ningún accionista de Muysua SAS sabía de museografía o curaduría artística, en la segunda mitad del año la empresa pasó cada mes una cuenta de cobro por la “asesoría del Museo Gabriel García Márquez”. (La factura de noviembre, fechada el día 15, se cobró por la suma de 11,9 millones de pesos).
Los funcionarios del FCE consultados para este informe dicen que la sensación de extrañeza aumentó cuando a finales de mayo Nahum Montt, en calidad de gerente, les pidió a todos los empleados firmar y anexar a sus contratos una cláusula de confidencialidad.Allí se comprometían a “guardar reserva” y “sigilo” sobre “todo dato o documentación” que les suministrara el FCE. “Eso no es normal en el mundo editorial”, sostiene Octavio. Mónica dice que nunca antes había tenido que firmar algo así: “Eso contribuyó al ambiente de secretismo y desconfianza. Me pareció una muestra de debilidad, que ellos no tenían confianza en su propio manejo de la empresa”.
¿Despido irregular?
Algo más contribuyó a que algunos funcionarios, según le contaron a La Liga, sintieran que se había enrarecido el aire en la editorial, cuando ya había pasado un mes desde la llegada de Muysua SAS al FCE.
El 17 de mayo de 2019, por las mismas fechas de la firma de la cláusula de confidencialidad, Nahum Montt llamó a su oficina a varios empleados. Catalina, una exfuncionaria, recuerda que esa tarde llegó al despacho; Montt la esperaba junto a un abogado, su hijo y la directora financiera. Le informaron que el FCE había decidido terminar su contrato. Catalina dice que preguntó dónde debía firmar: “Nahum me respondió: ‘Tengo dos cartas para darte. La carta de renuncia y la de despido. Tú sabes que dependiendo de cuál escojas esto puede afectar tu hoja de vida’”.
Esa mañana, por decisión de Montt, la mayoría de la plantilla había recibido una capacitación sobre el catálogo y la historia del FCE. Para muchos ese sería su último día en la editorial. “Cuando subimos a la plazoleta —dice Andrea, otra exfuncionaria—, vimos a una compañera llorando. Ahí ya supimos que el despido iba a ser grande”. Esa tarde, el FCE despidió a 17 empleados. Con las cuatro personas despedidas en días anteriores, la editorial llegaba a un recorte de 21 puestos de trabajo en muy poco tiempo. Así diezmaba a una nómina que, un mes antes, había contado con alrededor de 50 trabajadores.
Un experto laboralista sostiene que existen indicios de un posible despido colectivo irregular. Por “el volumen de trabajadores despedidos de forma unilateral, sin justa causa, en tan poco tiempo, y sin presunta autorización del Ministerio del Trabajo, efectivamente hay indicios para pensar que se incurrió en irregularidades que, de ser demostradas, tendrán repercusiones legales”, explica el abogado Rogelio Sánchez.
Natalia, otra exfuncionaria del FCE, dice que ese viernes 17 de mayo también a ella la “presionaron” para firmar la carta de renuncia. “Les dije que no. Les dije que la carta que iba a firmar era la de despido, y que a nivel legal no podían dar una referencia de mi trabajo, buena o mala, así me despidieran con justa causa”.
Según el abogado consultado, al ofrecerles la alternativa de una renuncia voluntaria a las personas que estaba despidiendo el FCE posiblemente buscaba evitar una demanda. María Victoria Liebbe, exasesora jurídica externa de la editorial, explica que un “despido colectivo” se configura cuando “una empresa formada por entre diez y cincuenta trabajadores desvincula en un lapso inferior a seis meses al 30 % de sus empleados”. Este, según ella, habría sido posiblemente el caso en el FCE.
Montt, por su parte, asegura que «es falso» que él hubiera presionado a los empleados a firmar la carta de renuncia. «Algunos me firmaron la renuncia —dice—. Pero yo no hice nada ilegal. Yo simplemente me ceñí a la ley y el Ministerio de Trabajo estuvo atento de todo».
Sin embargo, el 5 de agosto, siete exempleados que habían salido del FCE ese 17 de mayo radicaron una queja administrativa ante el Ministerio del Trabajo. En la reclamación, en poder de La Liga, los firmantes solicitan “una investigación” y una “aplicación de sanciones” contra la editorial por “la ilegalidad de los despidos”. Hasta la publicación de este informe, los exempleados seguían a la espera de una inspección del Ministerio y de un dictamen sobre si las acciones de la empresa fueron irregulares o no.
El parqueadero y la bodega
El poder que había ganado Muysua SAS en el FCE después de los despidos creció más cuando la sede de la editorial cambió de administrador de parqueadero. En la primera semana de julio, los empleados que iban en carro al Fondo se sorprendieron al ver que había desaparecido el letrero azul de Central Parking, el operador que llevaba más de diez años allí.
“El nuevo letrero era verde y rojo —recuerda Octavio—. La señalización era distinta, también los trabajadores”. Inversiones Parking Space SAS, el nuevo administrador del espacio, se había constituido pocos días antes, el 17 de junio de 2019. Nueve días después, el 26 de ese mismo mes, había firmado un contrato con el FCE. Solo tenía dos accionistas: Muysua SAS, con el 90% de las acciones, y el director de operaciones de Moviired, César Augusto Ruiz Cardona, con el 10% restante.
Inversiones Parking Space SAS se presentaba como una empresa experta en administrar parqueaderos. “Somos una empresa líder en la generación de valor al ofrecer soluciones efectivas para el gerenciamiento de zonas de estacionamiento, actualmente nuestra operación tiene presencia en la ciudad de Bogota e Ibague [sic]”, se leía en la página web. (El sitio dejó de estar disponible poco antes de la publicación de este informe. Vea un pantallazo aquí.)
Para agosto de 2019, con el parqueadero ya administrado por Parking Space SAS, las reuniones entre los coordinadores del FCE y Muysua habían disminuido. “Eso coincidió con la aparición de Aruma”, recuerda Octavio. Ese mes, por tercera vez, la editorial hizo negocios con una empresa en la que participaba Germán Montt.
El 14 de agosto, representantes de Muysua SAS y otros accionistas constituyeron en la Cámara de Comercio de Bogotá una sociedad llamada Aruma BPO Logistic SAS. Un día después, la nueva compañía firmó un contrato de prestación de servicios con el FCE para manejar, por un periodo de diez años, la distribución y el almacenamiento de sus libros. La editorial se comprometía a pagarle a Aruma BPO Logistic SAS 40 millones de pesos mensuales durante los primeros cuatro meses, y 55 a partir del quinto mes.
La primera acción de la nueva distribuidora, cuyo principal accionista era también Muysua SAS, fue trasladar la bodega al norte de la ciudad. “En septiembre empezamos a mudar los 250.000 libros de la editorial a un lugar por la [calle] 170”, cuenta Andrés Felipe, otro empleado del FCE. Desde 2008, la bodega de libros había estado en la sede del FCE, el Centro Cultural Gabriel García Márquez, junto a la sala de exposiciones y el vestíbulo, y con un ascensor que la conectaba a la librería.
Aruma la llevó a una especie de galpón al oriente de la autopista norte, a 17 kilómetros del Centro Cultural Gabriel García Márquez y a menos de una cuadra de Moviired, el lugar donde alguna vez habían trabajado todos los accionistas de Muysua SAS y de Inversiones Parking Space SAS, así como los accionistas minoritarios de Aruma BPO Logistic SAS.
Nahum Montt explica el traslado de la bodega a la calle 170 diciendo que esa parte de la ciudad «es una zona llena de bodegas» y que, por eso mismo, el FCE empezó a pagar «servicios muy por debajo de lo que se pagaba [en el Centro Cultural Gabriel García Márquez]». Según dice, «gracias a este movimiento estratégico», la editorial ha ahorrado dinero y «se ha capitalizado mucho».
Pero no todos opinan lo mismo. Según dos fuentes consultadas, Aruma no habría asumido todas sus responsabilidades tras firmar el contrato con la editorial. “Ellos se llevaron a varios empleados del Fondo para la 170, pero la editorial les siguió pagando el sueldo”, dice Andrés Felipe. Antonio, un compañero suyo, añade: “Además de pagarles a los empleados de la bodega, el Fondo cubría a menudo los gastos de transporte”.
Por su parte, Octavio afirma que la administración de la bodega tampoco fue buena: “Hubo un manejo pobre del inventario y lo que se plantearon en cuanto a distribución estuvo mal. Ellos decían que los libros solo se deberían vender en las librerías de la editorial. Mejor dicho, que no los deberíamos enviar a las otras librerías, porque ellas recibían un descuento demasiado grande”.
Aruma empezó a administrar la distribución en agosto, pero solo hasta mediados de diciembre, por presión del gremio de los libreros, empezó a despachar libros a librerías distintas de las del FCE. Esos meses de distribución limitada le pudieron haber salido costosos al Fondo, pues la venta en otras librerías es determinante para su éxito comercial. Solo en 2018, según un documento interno, el 38 % de las ventas de los libros de la editorial se dio a través de terceros.
Una ampliación que nadie autorizó
La relación de Muysua SAS, Inversiones Parking Space SAS y Aruma BPO Logistic SAS con el FCE no solo cambió el día a día de los empleados y los libros. También transformó la sede de la editorial, el Centro Cultural Gabriel García Márquez.
El edificio, diseñado por el reconocido arquitecto Rogelio Salmona, que falleció un año antes de que el Centro abriera sus puertas, es un caso particular de protección arquitectónica: “Antes se pensaba que una obra solo podía ser declarada bien de interés cultural después de la muerte de su arquitecto –dice Alberto Escovar, director de Patrimonio del Ministerio de Cultura–, pero a él le alcanzaron a declarar varios edificios en vida”.
Por medio de la Resolución 626 de 2017, que ayudó a impulsar la Fundación Rogelio Salmona, a esa lista se sumó en 2017 el Centro Cultural Gabriel García Márquez. Gracias a ese mandato, pero también a que el edificio queda en el centro histórico de Bogotá, una zona considerada en su totalidad bien de interés cultural, cualquier modificación al edificio debe contar con el visto bueno de la Dirección de Patrimonio del Ministerio de Cultura y del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural (IDPC).
En septiembre de 2019, según confirmaron cuatro fuentes, la administración de Montt amplió el parqueadero del Centro Cultural Gabriel García Márquez. La obra se logró incorporando el espacio que antes había servido para almacenar los libros –para ese entonces, la nueva bodega ya operaba en el norte de Bogotá–.
“Se trabajó de noche y se dividió la bodega vieja en dos –dice Andrés Felipe–. Unos doscientos metros cuadrados se usaron para una [bodega] nueva, que se le arrendó al Senado de la República, y el resto, unos 600 metros cuadrados, se convirtió en estacionamiento”. La obra significó un número mayor de espacios de parqueo y un leve aumento en ingresos para el FCE e Inversiones Parking Space SAS. Según Nahum Montt, en los planos originales del edificio el área de la bodega era en realidad parte del parqueadero, y por eso autorizó la obra: «Yo le devolví la condición de parqueadero a la bodega. O sea, lo restauro a la condición inicial».
Pero Montt nunca consultó a la Fundación Rogelio Salmona, ni hizo el trámite ante el IDPC y el Ministerio de Cultura para obtener las autorizaciones requeridas para la obra.
“Ellos no pidieron permiso –confirma Escovar, cuya oficina en la dirección de Patrimonio del Ministerio de Cultura revisa esas solicitudes–. Y al no haberlo hecho, se pasaron un semáforo en rojo”. Según él, esa dependencia no estaba enterada de la obra y ahora tendrá que hacer una visita al Centro Cultural en conjunto con el IDPC para mirar el daño y la afectación que se le hizo al edificio de Salmona.
“Pero la falta contra el patrimonio cultural ya la cometieron al no haber pedido la respectiva autorización”, dice Escovar. De esa evaluación dependerá el valor de la sanción, que puede ascender, según la Ley 1185 de 2008, hasta 500 salarios mínimos. El monto mínimo a pagar es de 200 salarios mínimos; mejor dicho, de 196 millones de pesos.
México se entera
Una vez enterada de que Montt había firmado contratos con empresas con las que estaba vinculado su hijo, la casa matriz le pidió que tomara un vuelo a México para asistir a una reunión presencial con la cúpula de la editorial. En el encuentro, que se celebró el 2 de enero en Ciudad de México, Paco Taibo confrontó al director de la filial colombiana. «Analizando los documentos a finales de noviembre y comienzos de diciembre, vi el desmadre –le dijo a La Liga el director general del FCE en México–. La administración [de la filial colombiana] había quedado en manos ajenas a las de [Montt]… en aquel momento la duda fue si era un problema de mala fe o de ineptitud… Dijimos: ‘No, hasta aquí llegó’».
Taibo calificó esas contrataciones como «oscuras» en la entrevista que le concedió a La Liga, pero, más concretamente, se trató de actuaciones que iban en contravía de las reglas internas de la editorial. De acuerdo a las “Políticas y Lineamientos de Observancia para las Subsidiarias del FCE en el Extranjero” de 2015, los gerentes de las filiales tienen prohibido celebrar “contratos con terceros (…) cuando exista interés familiar, personal (…) que pueda representar un conflicto de interés”.
A pesar de lo que exigen los lineamientos, Montt insiste en que no hubo «conflicto de interés» porque la filial colombiana está constituida en el país como una SAS (Sociedad por Acciones Simplificadas). Al ser el FCE una empresa privada en Colombia, Montt no cree que haya obrado mal: «¿En cuál empresa colombiana se le prohíben a los hijos entrar a apoyar a sus padres?».
Un documento con el membrete del FCE y los escudos de México y Colombia, que Montt le hizo llegar a La Liga tres días después de la entrevista, dice textualmente que los «contratos eran a todas luces dañinos para la marcha de la empresa y oscuros en términos racionales y éticos”.
Pero en la reunión del 2 de enero en México no sólo se habló de la de la existencia de Muysua SAS, Inversiones Parking Space SAS y Aruma BPO Logistic SAS. La casa matriz también se había enterado de que Montt se entregó a sí mismo un adelanto de 89 millones de pesos, cifra que le confirmó a La Liga una fuente. “Esa cifra es el total de la nómina del Fondo –explica Ernesto, un exempleado–. Si la empresa está en una situación apretada, eso afecta el flujo de caja y la editorial termina indirectamente pagando más en sobregiros y en intereses a terceros”.
A la dirección en México también le había llegado información de que Montt incurrió en gastos que, según explica Taibo, «no reconocíamos como […] legítimos». Desde mediados de 2019, Montt había usado la tarjeta de crédito corporativa para compras que no tenían que ver con sus funciones. En los registros hay pagos por artículos para el hogar en Homecenter, otro por servicios en el centro de estética Arco Iris Spa y otros más en la tapicería Muebles y Cortinas, en la peluquería Ivonne, en la tienda de cosméticos Perfumería Sutil y en el mega outlet de ropa Toberín.
El asunto causó malestar en México porque la normativa interna del FCE prohíbe “estrictamente” el uso de tarjetas de crédito corporativas “para efectuar gastos personales”, como consta tanto en las “Políticas y Lineamientos de Observancia para las Subsidiarias del FCE en el Extranjero”, como en el “Manual de Políticas y Procedimientos de la Coordinación de Vinculación Internacional” de 2018. Incluso, en el primer documento se establece que el tope de gasto mensual de la tarjeta corporativa es de 1.500 dólares. Entre junio y noviembre de 2019, según los extractos a los que tuvo acceso La Liga, la tarjeta asignada a Montt registra, en promedio, un débito mensual de más de cinco mil dólares.
En su entrevista con La Liga, Nahum Montt reconoció que cometió «algunos errores [y] algunas imprudencias» cuando se le preguntó por el uso de la tarjeta corporativa. Sin embargo, afirmó que él «ya llegó a un acuerdo» con la empresa y está pagando de su salario «cada peso de esa tarjeta».
Ese no fue el único acuerdo al que llegó con la casa matriz en la reunión del 2 de enero. Si bien Montt se mostró en esa cita dispuesto a dejar el cargo, e incluso le pasó una carta de renuncia a Taibo, la dirección en México le ofreció otra ruta: «Ahí teníamos dos sopas –afirma el director general del FCE en México–: aceptar la renuncia (…) o pedirle que tenía hasta el 15 de enero para romper todos los contratos [con las empresas a las que estaba vinculado su hijo Germán Montt] y pagar la deuda de estos gastos corporativos [de la tarjeta de crédito corporativa]. Y bueno, así se firmó».
Taibo, de todas maneras, no está convencido de que esa haya sido la mejor opción. «¿Hicimos bien o debimos haber aceptado la renuncia?», se pregunta. Según explica, varios factores lo llevaron a tomar esa decisión: «Si aceptábamos la renuncia, no se suspendían los contratos y seguían corriendo, teníamos que entrar en juicios laborales y ¿para cuándo recobramos el dinero que se había gastado en la tarjeta corporativa?»
Después de volver de México, Montt rescindió los contratos que tenía la filial colombiana del FCE con Muysua SAS, Aruma BPO Logistic SAS e Inversiones Parking Space SAS.
Las consecuencias
Las actuaciones de Nahum Montt en el año y dos meses que lleva al frente de la filial colombiana del FCE plantean preguntas en el ámbito no solo ético, sino también legal. ¿Abrió la casa matriz una investigación formal sobre los sucesos en Bogotá? ¿Informó a los órganos de control en México? ¿Tomará el FCE acciones legales contra Montt una vez haya pagado la deuda de la tarjeta de crédito?
En Colombia, por su lado, el caso podría convertirse en objeto de una investigación penal, según un experto consultado. Con el objetivo de dirigir la lucha contra la corrupción también al sector privado, el Estatuto Anticorrupción (Ley 1474) considera desde 2011 que “la corrupción privada” y “la administración desleal” son tipos penales y se incluyeron en el Código Penal (artículos 250A y 250B).
La Liga consultó el caso de la contratación del FCE con tres empresas vinculadas al hijo del director de la entidad con el abogado penalista Mauricio Pava, líder de una firma que lleva más de veinte años especializándose en derecho penal corporativo. Pava dijo que en Colombia, a partir del 2011, en el Estatuto Anticorrupción se incorporó la conducta de administradores del sector privado, contemplando penas para aquellos que actúen de manera desleal.
“Un caso estándar en la materia es de aquel administrador que arma empresas con el propósito de proveerse de servicios, de contratar y dirigir la contratación, muchas veces innecesaria o inflada, y que a esas empresas les suele poner un familiar de toda confianza, equilibrando entre el velo corporativo y un control de las empresas. Eso en nuestro país se llama administración desleal. Es un delito de carácter oficioso, es decir que no es necesario que haya una denuncia para poder investigar y que el Estado debe investigarlo por sí solo. Y al tratarse de una sociedad en Colombia, cuyo propietario es el Estado mexicano, existen dos alternativas: una que sea investigado penalmente aquí; otra que, por principio de extraterritorialidad, asuma la competencia México en la medida en que tiene intereses”, explicó.
En la entrevista que le concedió a La Liga, Taibo dijo: «La corrupción no es lo mío y donde la encuentro, corto cabezas». Sin embargo, Nahum Montt sigue en su cargo, como un rey impune que ahora se pasea desnudo por los corredores de la operación colombiana de la editorial pública más grande del mundo hispano.
