Al parecer los investigadores habrían recibido el mensaje en sus celulares. Amenazas a los investigadores que rastrean el espionaje ilegal de inteligencia militar.
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Amenazas a los investigadores
El Espectador conoció las amenazas a los investigadores adscritos a la Corte Suprema de Justicia.
Según el medio, las víctimas serían los oficiales y suboficiales que rastrean los casos de espionaje ilegal.
Estos uniformados debían hacerle seguimiento al perfilamiento ilegal de la inteligencia militar y por eso recibieron un mensaje intimidatorio.
Además, el mensaje lo habrían recibido en sus celulares y en este les daban detalles personales.
Les mencionaban sus datos personales, familiares, lugares de vivienda, profesiones y mucho más.
“(…) Quisiéramos expresarles que disfruten de sus trabajos y familias apartándose de lo que hacen en la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia. Están hurgando donde no tienen que hacerlo”, reveló el mismo medio.
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Luego decía: “Nada tienen que buscar en la Inspección General de las Fuerzas (Armadas), todo está organizado y esos celulares (decomisados en el allanamiento de diciembre) no se podrán desbloquear. No busquen nada en el Comando del Ejército, suficiente con hacerse públicos con el allanamiento y que los medios los conozcan. Disfruten de sus vidas, de esos mellizos, de esa familia. Su esposa es muy buena estudiante de contabilidad, disfrute de su vehículo Renault Simbol (sic), de su hija y de su esposa expolicía».
Las víctimas
Los investigadores amenazados estarían adscritos al despacho de la magistrada Cristina Lombana en el alto tribunal.
Asimismo, serían los encargados de recoger todas las pruebas en el expediente preliminar 44497.
Dicho expediente es el que indica que senador Álvaro Uribe sería presunto beneficiario de información ilegal de inteligencia militar.
También estos investigadores lideraron allanamientos a las instalaciones del Batallón de Ciberinteligencia del Ejército, ubicado en Facatativa, Cundinamarca.
En esa diligencia judicial, del 18 de diciembre de 2019, obtuvieron miles de archivos con siete millones de megas de información.
Allí descubrieron las actividades ilegales de espionaje y perfilamiento a periodistas, políticos, militares, sindicalistas, defensores de derechos humanos.
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