Llaman a juicio disciplinario a 13 militares por chuzadas a periodistas y políticos. La Procuraduría llamó a juicio disciplinario a dos generales, cinco coroneles, tres mayores, un teniente y dos suboficiales del Ejército.
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Ellos tendrán que responder por su presunta participación en el espionaje militar a periodistas, políticos opositores y defensores de derechos humanos.
Así lo informó el Ministerio Público en un comunicado. Señaló que pidió al Ministerio de Defensa como medida cautelar que revise de inmediato «los procedimientos y protocolos» de inteligencia y suspenda aquellas acciones que «no arrojen certeza sobre su sujeción a la Constitución y la ley».
«En caso de que no existan o no fuesen suficientes esas medidas, se requirió al Ministerio ordenar la suspensión de todo procedimiento que tenga por objeto perfilamientos o acciones similares, impartiendo las instrucciones necesarias e informando al despacho lo pertinente», añadió la Procuraduría.
Llaman a juicio disciplinario a 13 militares por chuzadas
Según la investigación «Las carpetas secretas», publicada el pasado primero de mayo por la revista Semana, integrantes del Ejército espiaron entre febrero y diciembre de 2019 a por lo menos 130 personas. En la lista estaban incluidos periodistas colombianos y extranjeros, políticos, defensores de derechos humanos e incluso a funcionarios del alto Gobierno.
Entre las víctimas de seguimientos están periodistas de medios estadounidenses, como Nick Casey, de The New York Times y Juan Forero, del Wall Street Journal.
También John Otis, corresponsal en América Latina para National Public Radio (NPR) e investigador del Comité para la Protección de Periodistas (CPJ), la fotoperiodista Lynsey Addario y el fotógrafo Stephen Ferry.
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Acusación de la Procuraduría
Los militares llamados a juicio están vinculados o hicieron parte de la Jefatura del Estado Mayor de Operaciones. También los comandos de Apoyo de Combate de Inteligencia Militar y de Brigada No. 1 de Inteligencia Militar; y los batallones de Ciberinteligencia, Inteligencia Militar Estratégica No. 4 y de Contrainteligencia de Seguridad de la Información.
La Procuraduría los acusa de «recolección de información de carácter íntimo de ciudadanos nacionales y extranjeros». Entre esos están «los aparentemente perfilados» y «otras personas con quienes aquellos tendrían afinidad o interacción».
Esto, detalló el organismo, va «en presunta contravía de los requisitos previstos en la Ley de Inteligencia». También en una eventual afectación de los derechos fundamentales de personas, lo que fue calificado como una falta gravísima a título de dolo.
También reprochó que no hubiese control frente al aseguramiento de los fines y límites previstos en la Ley de Inteligencia.
Los investigados también tendrán que responder porque, según la Procuraduría, dispusieron de personal del Batallón de Contrainteligencia. Es decir, los usaron para realizar labores que «favorecerían a un funcionario de la DIAN».
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