Procurador investigará en Cesar, Atlántico y San Andrés sobrecostos y corrupción en crisis de Covid-19

El procurador Fernando Carrillo anunció el comienzo de un programa conjunto con la Contraloría y la Fiscalía llamado ‘Transparencia por la emergencia’ ante la propagación del Covid-19 para hacer veeduría y control a las irregularidades que se han presentado en las contrataciones de entregas de ayudas en todo el país.

Este miércoles fueron reveladas diez investigaciones en ocho departamentos. «Aquí hay abusos que se están cometiendo a nivel de sobrecostos» en Arauca, Meta, Cesar, Atlántico, Cúcuta, Cundinamarca y San Andrés, dijo el procurador.

En la caso de la Gobernación del Cesar se recibió una denuncia por sobrecostos en más del 50 por ciento en los elementos en la compra de mercados y por un contrato de más de 13 mil millones de pesos, por la compra de 100 mil mercados, donde se comprobó que el mercado comprado, por un veedor ciudadano demostró que en las grandes superficies, la ayuda valía un 50 por ciento menos de lo que están cobrando a esta gobernación.

Se abrieron investigaciones en el departamento del Atlántico en los municipios de Soledad, Malambo y con la propia Gobernación del Atlántico.

El fin de semana pasado se hicieron públicas las presuntas irregularidades en el contrato para el suministro de mercados de las alcaldías de Malambo y Soledad con la fundación El Lirio De los Valles.

En San Andrés también se presentaron contratos inocuos que están siendo revisados.

«Esto es inaudito, es una infamia, que además, que estamos mal de recursos, los pocos que tenemos se están convirtiendo en botín de la corrupción. Eso hay que pagarlo y tendrán las sanciones disciplinarias», afirmó el Procurador Carrillo.

Se están revisando 2017 contratos firmados desde el 20 de marzo, que superan los 800 mil millones de pesos en todo el país. Los contratos se están trabajando en una plataforma y se le entregarán las incidencias penales a la Fiscalía. «Aquí hay delitos de por medio. Robarse los recursos de los pobres en un delito. Se suspenderán a los funcionarios que están involucrados en estas vagabunderías», sentenció el procurador.

«Quedan demostrados los sobrecostos y lo más grave están utilizando «políticamente» estos recursos para los más vulnerables, los pobres y los menos favorecidos. Los señores diputados y concejales no tienen nada qué hacer en la entrega de los mercados porque estos son recursos de todos los colombianos», concluyó Carrillo.