Organismos internacionales rechazaron este viernes el asesinato de Marco Rivadeneira, líder social y campesino del departamento colombiano del Putumayo (fronterizo con Perú y Ecuador), perpetrado por desconocidos un día antes en la localidad de Puerto Asís.
«El asesinato de Marco Rivadeneira nos duele mucho. No hay descanso para los líderes (…) Cada asesinato a quienes defienden derechos impacta en toda la sociedad. Nuestra solidaridad está con su familia, esperamos la pronta actuación de la justicia», manifestó en Twitter la embajadora de la Unión Europea (UE) en Colombia, Patricia Llombart.
La Red de Derechos Humanos del Putumayo, Piamonte-Cauca y Cofanía Jardines de Sucumbíos Ipiales-Nariño denunció el homicidio de Rivadeneira, que fue perpetrado en la tarde por tres hombres cuando estaba en una reunión con campesinos en la vereda (aldea) de Nueva Granada.
«Marcos era un reconocido dirigente político y social integrante del Congreso de los Pueblos y presidente de la Asociación Campesina del Puerto Asís (Asopuertoasís)», agregó la información.
Al respecto, la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos en Colombia aseguró que le «estremece el homicidio del defensor de derechos humanos y dirigente político y social Marco Rivadeneira, a quien conocimos y con quien trabajamos estrechamente desde 2010 en defensa de los DD.HH. en el Putumayo».
Entre tanto, la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la Organización de Estados Americanos (MAPP/OEA) condenó este crimen «que no solo atenta contra la vida del querido líder, sino contra el tejido de una comunidad que le apuesta a la construcción de paz».
«También reitera su llamado a las autoridades para adelantar una investigación oportuna y exhaustiva, que permita dar con los responsables de esta grave y lamentable crimen», agregó la MAPP/OEA.
Según el informe anual sobre el país de la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, presentado en febrero, 108 defensores de DD.HH. fueron asesinados en Colombia el año pasado.
De los 108 casos de líderes sociales asesinados, el 75 % ocurrió en zonas rurales y el 86 % en municipios con «un índice de pobreza multidimensional superior a la media nacional», según el informe, en alusión tácita a la relación de estos crímenes con su ocurrencia en zonas alejadas y con poca presencia estatal.
