¿Se imagina vivir en la habitación más pequeña de su casa porque el resto ha sido ocupada por extraños? ¿O soportaría que sus vecinos le dejaran la basura en la entrada de su casa a diario? La otra cara no turística en la isla de Barú, segunda entrega.
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Esto es lo que han vivido durante años los habitantes de Barú desde que el turismo llegó a su isla. Antes de esto, era un territorio conformado, en su mayoría, por población negra. Se dedicaban a la agricultura y a la pesca y su día a día fluía entre los mangles, las siembras y el mar.
Poco a poco esto fue cambiando con la llegada de foráneos que les compraban las siembras o los cultivos a los nativos, pero luego usurpaban las tierras para construir. Con los años, la isla empezó a llenarse de carteles con frases de ‘propiedad privada’ o ‘prohibido pasar’, incluso en zonas que son públicas para cualquier colombiano, como las playas.
La dinámica de sus vidas fue cambiando y la población se redujo a una porción de tierra en el centro de la isla. Sin caminos que conducen a la playa, porque fueron cercados, sin la posibilidad de cultivar en tierras áridas, sin acceso a servicios ni a trabajos bien remunerados, sin poder alimentarse de lo que les brinda el mar porque todo lo que se pesca es para el consumo de los turistas; siendo tratados como extraños en su propia tierra.
La otra cara no turística en la isla de Barú
Actualmente, los baruleros no cuentan con un colegio para todos los niños del municipio, o tienen un puesto de salud ni un hospital en el que atiendan sus emergencias. Tampoco tienen alcantarillado ni agua, un servicio vital en cualquier población. Pagan recibos de energía costosos sin tener electricidad las 24 horas del día y los hoteles les dejan a diario la basura que un camión recoge una o dos veces a la semana.
Un documento firmado en el mismo año en el que se dio la abolición de la esclavitud fue el que les devolvió la esperanza. “Cuando se encuentra esa escritura pública descubrimos que se habla de un bien que es solamente para las familias baruleras y que si dejara de existir, la comunidad de Barú, hasta que se muera el último barulero, entonces se le entregaba a la iglesia”, contó a PUBLIMETRO Dicky Pacheco, vicepresidente del Consejo Comunitario de Barú.
En ese momento, empezaron a investigar, hicieron sus primeros levantamientos cartográficos y desarrollaron talleres con toda la comunidad sobre el sentido del territorio.
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“Sentíamos una preocupación por todo lo que se venía para Barú y sentíamos que como comunidad no estábamos preparados para ese desarrollo que ha prometido el Distrito, pero que no ha incluido a la comunidad de Barú. Sentimos que no han tenido en cuenta la perspectiva comunitaria. A raíz de eso nace una nueva Junta de Acción Comunal y ya teniendo todo el tema claro de qué tenemos en nuestro territorio decidimos presentar la solicitud de titulación colectiva”, señaló Pacheco.
En ese momento empezó una lucha de poderes entre los habitantes de Barú y los grupos económicos más grandes del país. Un camino que lejos de terminar apenas empiezan a recorrer y que están dispuestos a seguir.
Entrevista Óscar Chávez, abogado encargado del caso de titulación colectiva en Barú
¿En qué va la titulación colectiva tras la tutela interpuesta a la ANT?
–En estos momentos, el trámite de la acción de tutela fue anulado por la Corte Suprema porque en su concepto no se integró y/o vinculó en debida forma a la Asociación Amigos de Cholón en Liquidación, quienes argumentan que pueden ser perjudicados sus títulos de propiedad privada con el trámite de solicitud de titulación colectiva.
¿Qué opinan sobre esta decisión?
–Que es lo más alejado al régimen legal de los grupos étnicos por las siguientes razones:
1. La tutela busca que la ANT no archive el trámite de la solicitud de titulación colectiva. Más bien que agote el procedimiento establecido en el decreto 1745 de 1995.
2. El momento procesal donde se encuentra el trámite de solicitud de titulación es una fase preliminar o de simple trámite. Con esta negativa se viola el debido proceso al no agotar todas las etapas del procedimiento de titulación, sino que se rechaza de plano.
3. Los terceros tienen dos momentos para hacer sus intervenciones en el proceso de titulación
a) en la visita técnica, b) con la presentación de oposiciones. Por lo cual anular la decisión de primera instancia no se ajusta a la realidad jurídica y mucho menos se han afectados derechos fundamentales de privados.
4. En días pasados, en cumplimiento de la sentencia de primera instancia (hoy anulada), la ANT nos citó a una reunión como representantes de la comunidad. Estas actuaciones de la ANT demuestran la mala fe y la falta de garantías para el reconocimiento de los derechos territoriales, no solo de la comunidad negra de Barú, sino de las comunidades negras del caribe colombiano.
5. La ANT y la Asociación Amigos de Cholón se basan en la resolución 134 de 1969. Hay que anotar que dicha resolución nunca ha sido inscrita en la oficina de instrumentos públicos, no existe de ella plano y mucho menos expediente. Intentaron en diciembre del año pasado realizar el paso de la inscripción de la resolución 134 del 69, cuando ya estaba en curso el trámite de solicitud de titulación colectiva de la comunidad. Sin el requisito de la inscripción de dicha resolución, tenemos que la misma es carente de valor jurídico vinculante.
6. El consejo comunitario mira con preocupación las acciones de mala fe y malintencionadas por parte de la ANT, la cual en estos momentos no genera confianza ni brinda las garantías para el reconocimiento de los derechos territoriales de la comunidad negra de Barú. Lo cual es un derecho fundamental de los grupos étnicos.
Pareciera que toda esta estrategia dilatoria busca seguir exponiendo hasta la extinción física y cultural de la comunidad negra. Esperamos que la justicia prevalezca.
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