l Gobierno y la Misión de la ONU en Colombia viven momentos de tensión por discrepancias en torno a la visión del conflicto armado y la defensa de los derechos humanos que han derivado en críticas del Ejecutivo que incluso acusó al organismo de «intromisión en la soberanía» del país.
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Las diferencias entre Naciones Unidas y el Gobierno del presidente Iván Duque comenzaron hace varias semanas pero la discusión estalló el miércoles pasado cuando la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos (ACNUDH) presentó su informe anual.
En ese documento, el órgano de DD.HH. sugirió que la Policía pasara a depender del Ministerio del Interior y no del de Defensa, como ha sido siempre.
El encargado de responder fue el propio Duque, quien cree que hay «una intromisión en la soberanía de un país cuando se dice que la Policía debe pasar al Ministerio del Interior».
Sin embargo, la Misión de la ONU en Colombia señaló en un comunicado publicado el sábado que seguirá trabajando con el Gobierno «en un animo constructivo gracias a las amplias y positivas relaciones que siempre ha tenido en el país».
«Asimismo, la Organización continuará afianzando el diálogo respetuoso y apoyando al país en la construcción de un futuro próspero y en paz», añadió.
DOCUMENTACIÓN Y DISCORDIA
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El informe de DD.HH. recoge cifras preocupantes, como que en 2019 fueron asesinados en el país 108 defensores, 66 indígenas del convulso departamento del Cauca (suroeste) y 45 miembros de la comunidad LGBTI.
El organismo también registró 36 masacres, la cifra más alta desde 2014, y que se da en medio de una tasa nacional de homicidios de 25 por cada 100.000 habitantes.
De igual forma habla sobre la implementación del acuerdo de paz firmado entre el Gobierno y la guerrilla de las FARC en noviembre 2016.
El representante de la ACNUDH en Colombia, Alberto Brunori, considera que «el informe hace un balance sobre el acuerdo de paz, los aciertos como es la reintegración, el compromiso de los excombatientes con la paz y al mismo tiempo los retos que tiene» en temas como «la reforma rural integral, los asesinatos de defensoras y defensores de derechos humanos y de excombatientes».
Duque respondió que está en desacuerdo con lo planteado en el informe, pues cree que contiene «imprecisiones» y no se dice «la verdad» sobre aspectos desarrollados por el Gobierno en la implementación del acuerdo.
UN CONVENIO QUE ESTÁ EN DUDA
El pasado 22 de febrero, el portal La Línea del Medio publicó un artículo en el que señaló que el convenio firmado con la ONU para el monitoreo y la verificación del Programa Nacional de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS) fue cancelado por el Gobierno.
Ese estudio, publicado el mes pasado, señala que hasta octubre de 2019, como parte del PNIS, fueron erradicadas 40.506 hectáreas de coca de forma voluntaria y que a ese programa están vinculadas 99.097 familias de 56 municipios ubicados en 14 departamentos.
Al respecto, el presidente Duque, aseguró esta semana en un una reunión con la prensa extranjera que «ningún tema de monitoreo está comprometido» y que su Gobierno analiza el «vínculo permanente con la ONU en distintos frentes».
Lo que se busca, aseguró el mandatario, es estudiar el costo y la eficiencia de los programas mediante «un diálogo fraterno con la ONU» para «mejorar el uso de los recursos».
VISITA FALLIDA DEL RELATOR
Otra polémica abierta en la relación entre la ONU y el Gobierno es la visita fallida del relator especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los defensores de derechos humanos, Michel Forst, quien presentará la próxima semana en Ginebra un informe sobre la situación de DD.HH. en Colombia.
Sin embargo, la última parte del informe tuvo que hacerla desde la distancia porque por más que lo intentó no fue posible viajar al país porque nunca recibió la invitación del Gobierno.
«Yo me contacté con el cónsul y me reuní con Francisco Barbosa (ex alto consejero presidencial para los Derechos Humanos y actual fiscal general), quien había sido mi principal enlace para la visita oficial», relató Forst en una entrevista con la revista Semana.
Agregó: «Barbosa fue solidario y dijo que hablaría con el Gobierno. Sin embargo, no pudo hacer mucho y me pidió que me entendiera con la embajada. Allá fue donde me dijeron que no me invitarían. Eso ocurrió en el transcurso del año pasado».
En diciembre de 2018, Forst dijo en Bogotá que la situación de los defensores de derechos humanos en Colombia «es horrible».
Forst recorrió entonces Colombia durante 14 días en una visita en la que conoció de primera mano la situación de los defensores y subrayó que el Gobierno tiene que ir más allá «del compromiso formal».
Por eso esperaba volver al país «en los próximos meses para monitorear» cómo se estaban implementado las recomendaciones que hizo, algo que finalmente nunca ocurrió.
