A mediados de febrero se conoció que en el municipio de Guasca, en Cundinamarca, en cercanías a Bogotá, agentes antidrogas de los Estados Unidos llevaron a cabo un operativo, buscando un laboratorio de cocaína, que encontraron en la finca de la familia Sanclemente.
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La noticia del incendio y la incineración del laboratorio de coca, no se compararon cuando se conoció que las tierras en las que estaba son de la familia del embajador de Colombia en Uruguay, Fernando Sanclemente.
El hecho que habría hecho renunciar a cualquier diplomático del mundo, ni siquiera fue reseñado por el presidente Iván Duque, que ha guardado un silencio sepulcral sobre el hombre al que posesionó en marzo de 2019.
Aunque la lucha contra las drogas parece ser una de las banderas más grandes de este gobierno, no ha habido ningún pronunciamiento ni de parte de la Presidencia, ni de parte de la Cancillería, que se remitió a explicar que los predios son de Sanclemente, encabezada por Claudia Blum, que parece no ser asidua a dar declaraciones en casos escandalosos.
Ahora, Sanclemente es noticia nuevamente, pues pide una licencia no remunerada para defenderse en el caso por el que muchos piden no solo su cabeza, sino una acción judicial efectiva en su contra.
La licencia sería por 60 días y con esta buscaría el embajador que se dé un proceso para defender a su familia.
El laboratorio producía 10 a 15 kilos de cocaína
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El embajador sigue en su cargo a pesar del grave descubrimiento y los procesos judiciales avanzan muy lento. A pesar de la detención de cinco personas, que no han hablado sobre de quién era el laboratorio, Sanclemente se defiende y asegura que estas tierras las arrendó para sostener la hacienda.
Si la Cancillería acepta, el embajador tendría 60 días, en los que se involucraría en el proceso judicial, que envuelve a su familia, pero al que el Gobierno de Iván Duque no le ha dado trascendencia, a nivel diplomático.
