Si hubo una luna de miel entre la administración de Claudia López y la ciudadanía bogotana, esta duró 23 días. La Alcaldía de Bogotá tomó una decisión muy impopular al adjudicar la construcción de la troncal de TransMilenio por la Avenida 68. A pesar del rechazo popular, la administración debió cumplir el paso de una de las obras más grandes de Bogotá.
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La insistencia que dio la alcaldesa al tratar de justificar la decisión fue a estar «amarrada». La mandataria, en un mensaje en redes sociales, aseguró que la decisión se hacía contra sus opiniones. «[Enrique] Peñalosa y su administración es responsable del proyecto TM68, que desafortunadamente no pudimos jurídicamente detener», dijo.
Cabe destacar que el contrato licitatorio fue firmado por el director encargado del IDU, Isauro Córdoba, quien viene de la administración de Enrique Peñalosa y fue uno de los estructuradores del proyecto en los cuatro años anteriores. Claudia aseguró que su mandato en el IDU empezaba la próxima semana, cuando posesione a Diego Sánchez como director del Instituto.
Más allá de las aparentes excusas de la Alcaldía, que insistió con su falta de responsabilidad por una licitación abierta en noviembre de 2019, la ley deja muy pocas opciones.
Directo a la licitación
El profesor de derecho administrativo de la Universidad del Rosario Manuel Restrepo es uno de los mayores expertos en contratación pública del país. El abogado analizó para PUBLIMETRO el proceso licitatorio de TransMilenio por la Avenida 68, en especial debido a una línea de tiempo que hubiera podido detener el proceso.
Una de las dificultades más grandes que presentaba el proyecto, para Restrepo, es que la recepción de ofertas se cerró el 30 de diciembre de 2019, solo dos días antes de que la administración Peñalosa dejara la Alcaldía. Esta fecha fue denunciada por la propia López, quien aseguró que Peñalosa y el IDU evaluaban ofertas «mientras nosotros celebrábamos el año nuevo».
Aunque López expresó la preferencia de una opción diferente como tranvía o metro ligero para la 68, Restrepo advierte que esta sola preferencia no es motivo suficiente para dejar a un costado la licitación que ya estaba abierta
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Para suspender una licitación, según Restrepo, «tiene que haber otros elementos distintos a la circunstancia del propio cambio de gobierno. Lo que habría que ver es si, además del cambio de gobierno, hubo circunstancias nuevas que permitieran suspender o no adjudicar la licitación», explica.
Estas circunstancias nuevas se habrían podido plantear mediante tres escenarios: la intervención de un juez, la de un ente de control como la Procuraduría o la Contraloría, y una decisión del propio gobierno distrital. La alcaldesa aseguró que la única forma de parar el proceso era con intervención de la Procuraduría o de un juez.
¿Cómo frenar un proceso?
El primer escenario exigía una medida como la que interpuso Rodrigo Lara contra la licitación de TransMilenio por la Séptima (ver recuadro). En este caso, veedurías ciudadanas y grupos de vecinos como los comerciantes de Venecia y Alquería habrían podido interponer la acción popular. Esto hubiera permitido una revisión judicial que, según Restrepo, hubiera permitido suspender la licitación, pero no se hizo.
La segunda implicaba la intervención de entes de control como la Procuraduría y la Contraloría. Un estudio de los entes de control habría podido encontrar, según el jurista, un posible riesgo al patrimonio público. «Si se encontrara que eventualmente hay un sobrecosto en el presupuesto, podría decirse a la administración que existe este riesgo y exigir que revise el contrato. La administración podría suspender el proceso, estudiarlo y luego tomar la decisión de revocar la apertura de la licitación o seguir adelante», explica.
«Pero, en este caso, esta opción no se dio porque la Procuraduría no intervino», añade Restrepo. Si bien la Procuraduría envió una carta al IDU en la mañana del pasado jueves en el que se adjudicó la licitación, las inquietudes fueron respondidas el mismo jueves durante la audiencia de adjudicación.
Esto dejaría abierta la posibilidad de que la Alcaldía tomara la decisión de frenar TransMilenio por la Avenida 68 de manera unilateral. «Antes de la adjudicación, la única posibilidad era de que la Administración tomara la decisión de suspender el proceso o de revocar el acto de apertura». López hubiera podido tomar esta decisión mediante un mecanismo de revocatoria del acto de apertura, una decisión de gran complejidad.
Demandas inevitables
El elefante en la sala está en las firmas proponentes a la licitación, que presentaron las ofertas para la licitación antes del 30 de diciembre. «El Distrito correría un riesgo muy alto de que, si decide revocar la apertura de la licitación sin pedir el consentimiento de los proponentes, ellos demanden. Por el camino les habrían cambiado la regla del juego y no se les hizo saber antes de que presentaran las propuestas. Con esto, se le crea a la administración entrante, prácticamente, un hecho cumplido que es muy difícil de revertir frente a los riesgos que entraña«, asegura el jurista.
Declarar desierta la licitación también hubiera provocado el riesgo de demandas. «Cualquiera de las firmas podría demandar diciendo que esta fue una licitación amañada para declarar la licitación desierta, lo que habría provocado que se indemnizara a un proponente que no hizo un metro cuadrado de pavimento», añade Restrepo.
Este hecho indica que Peñalosa entregó a López, casi literalmente, una licitación ya amarrada para construir TransMilenio por la 68 el 1 de enero. «Lo que uno deduce es que, para el momento en que la nueva administración entró, ya estaban terminando el proceso de evaluación de propuestas. Lo único que faltaba era calificar y adjudicar. El riesgo de perder una demanda si se revocaba la apertura de la licitación era muy alto, además de todo lo que implica estructurar desde cero la alternativa a la troncal», asegura el abogado.
Todo esto implica una discusión extremadamente técnica desde el derecho de contratación, que supera las discusiones de 280 caracteres planteadas por la alcaldesa en su cuenta de Twitter. También supera las críticas de una percibida falta de interés de la nueva administración. Implica, sobre todo, que otras obras casi completamente adjudicadas como la ALO Sur o la Avenida Tabor no podrían tener cambios sin someter a Bogotá a demandas millonarias.
¿Y la Séptima?
Uno de los temores de los bogotanos es que, así como se adjudicó TransMilenio por la Avenida 68, se haga lo mismo con la Séptima. Aún así, Restrepo explicó que esta licitación podría levantarse de manera menos compleja que la de la 68.
Para empezar, el proceso de licitación se encuentra detenido. Las acciones presentadas por Rodrigo Lara y los constructores del proyecto Pedregal ordenaron la detención de la adjudicación. De manera crítica, esta decisión se presentó antes de que se pudieran presentar ofertas, lo que reduce el riesgo de demandas.
«Aún así, el paso a seguir no es únicamente cancelar la licitación. La Alcaldía debe contar con el apoyo del Gobierno nacional para que el 70% de los recursos que pone la Nación a través de la Ley de Metros se mantengan en Bogotá, por ejemplo, para el metro a Suba, y no se vayan a proyectos como el Mío, TransCaribe u otros», explica Restrepo.
López, en reunión con la Gobernación de Cundinamarca, ratificó su apoyo al Regiotram del Norte. Según la alcaldesa, el ferrocarril entre Gran Estación y Zipaquirá descartaría la obra por la Séptima.
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