El general Martínez dice que iniciará acciones judiciales para limpiar su nombre. Excomandante del Ejército niega que su salida esté ligada al escándalo de las chuzadas.
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El general Nicacio Martínez, excomandante del Ejército colombiano, aseguró que su salida del cargo no fue por vínculos con escuchas ilegales de militares a políticos, magistrados, generales y periodistas, razón por la cual iniciará acciones judiciales para limpiar su nombre.
«Mi dignidad y buen nombre no pueden ser pisoteados de manera irresponsable, ni se puede continuar haciéndome daño y a mi familia. Agotaré los recursos e instancias jurídicas que sean necesarias hasta que salga a luz pública la verdad sobre las injustas acusaciones a las que he sido sometido», manifestó Martínez en un comunicado.
Según el informe de la revista Semana titulado «Chuzadas sin cuartel», el relevo del general Martínez, cuestionado por su política frente a los derechos humanos, fue precipitado en diciembre pasado por las escuchas ilegales.
Sin embargo, el alto militar señaló que no tiene «nada que ver con la publicación realizada por la revista Semana».
«Me encuentro totalmente ajeno a ese tipo de acciones ilegales e injuriosas», añadió.
El general Martínez también aseguró que durante el tiempo que estuvo «como comandante del Ejército Nacional» no dio «orden alguna contraria a la Constitución y la ley».
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Igualmente insistió en que su retiro voluntario como comandante del Ejército se debió a razones netamente familiares «como lo ha informado el sr. Presidente de la República (Iván Duque) reiteradamente y corroborado el señor ministro de la Defensa Nacional (Carlos Holmes Trujillo)».
ABREN INVESTIGACIÓN
De otro lado, el fiscal general de Colombia, Fabio Espitia, aseguró este lunes que abrirá una indagación sobre las escuchas ilegales que fueron denunciadas el fin de semana por la revista.
«Independientemente (…) de esa investigación interna que tiene el Ministerio de Defensa, la Fiscalía hoy empieza indagación en relación con estos hechos», dijo Espitia en una declaración a periodistas.
El fiscal Espitia explicó que esta etapa no es en contra de personas en específico si no por los hechos denunciados.
Esas escuchas, realizadas el año pasado, ocurrieron en las instalaciones de dos guarniciones del Ejército «como una manera de blindarlas y evitar un allanamiento sorpresivo de la justicia o el fisgoneo de los medios de comunicación».
Un militar aseguró que a él le asignaron el seguimiento de una oficial que supuestamente estaba afectando los intereses de la institución pero resultó siendo la magistrada de la Corte Suprema de Justicia Cristina Lombana, que hizo parte del Ejército.
«Nos dieron la orden de continuar el monitoreo, los seguimientos y, lo más grave de todo, es que nos ordenaron entregar esa información directamente a un reconocido político del Centro Democrático (partido de Gobierno)», añadió el uniformado.
Este caso recuerda al de las «chuzadas», como se conoce en el país al escándalo de interceptaciones hechas contra opositores y periodistas durante el Gobierno de Álvaro Uribe (2002-2010).
