Uribistas piden revelar nombre de miembros de su partido vinculados a chuzadas.
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El partido Centro Democrático, liderado por el expresidente colombiano Álvaro Uribe, pidió este domingo a las autoridades que hagan público los nombres de los miembros de ese movimiento que están vinculado a las interpretaciones ilegales de militares a políticos, magistrados, generales y periodistas.
«Solicitamos a las autoridades competentes que de comprobarse en la investigación oficial la veracidad de la información emitida por el medio de comunicación hagan públicos los nombres de los integrantes del partido presuntamente implicados en dichas acciones, para tomar las medidas correspondientes», detalló el Centro Democrático en un comunicado.
Según la denuncia, publicada el sábado por la Revista Semana, el relevo como comandante del Ejército colombiano del general Nicacio Martínez, cuestionado por su política frente a los derechos humanos, fue precipitado en diciembre pasado por las escuchas ilegales.
El informe titulado «Chuzadas sin cuartel» señala que miembros de la inteligencia militar denunciaron cómo utilizaron de forma ilegal «sofisticados equipos» donados por organismos de inteligencia de EE.UU. para «fines ilegales».
Esas escuchas fueron realizadas el año pasado desde las instalaciones de dos guarniciones del Ejército «como una manera de blindarlas y evitar un allanamiento sorpresivo de la justicia o el fisgoneo de los medios de comunicación».
Según un militar, a él le asignaron el seguimiento de una oficial que supuestamente estaba afectando los intereses de la institución, pero resultó ser la magistrada de la Corte Suprema de Justicia Cristina Lombana, que hizo parte del Ejército.
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«Nos dieron la orden de continuar el monitoreo, los seguimientos y, lo más grave de todo, es que nos ordenaron entregar esa información directamente a un reconocido político del Centro Democrático», detalló el uniformado.
En ese sentido, el partido, del que también hace parte el presidente Iván Duque, señaló que para cada uno de sus integrantes es «prioridad la legalidad como principio inamovible de todas las actuaciones que los rodean».
Este caso recuerda al de las chuzadas, como se conoce en el país al escándalo de interceptaciones hechas contra opositores y periodistas durante el Gobierno de Uribe (2002-2010).
