Más de 50 jóvenes víctimas de asesinatos extrajudiciales del Ejército aparecieron en una fosa común que investiga la JEP.
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En el cementerio Las Mercedes del municipio de Dabeiba, en el norte de Antioquia, no descansan únicamente los restos de sus habitantes. También lo hacen los de más de 50 personas asesinadas por el Ejército hace más de 10 años, enterradas en una fosa común. Un sargento del Ejército reveló a la JEP la ubicación de la fosa, que demuestra una macabra estrategia.
Según Semana, el exmilitar se encuentra respondiendo por la ejecución extrajudicial de un grupo de personas. Solo identificado como Buitrago, habría descrito a tres magistrados de la JEP el mecanismo para desaparecerlos y hacerlos pasar como bajas militares, un escándalo conocido como el de los «falsos positivos» que es investigado por la Justicia Especial para la Paz como parte del conflicto armado entre 2006 y 2007.
Buitrago relató a los agentes cómo los jóvenes, menores de 30 años, fueron asesinados en inmediaciones al cementerio. Estos eran reclutados de barrios pobres, o eran habitantes de calle de Medellín. Llegaban a Dabeiba, a 170 kilómetros de la capital antioqueña, y los asesinaban para ganar beneficios.
Las víctimas eran asesinadas en medio de la simulación de un combate, en zonas altas de difícil acceso para impedir que la Fiscalía hiciera los levantamientos de los cadáveres. Se les ponía sudaderas o camisas y botas de caucho. Incluso, según el uniformado, su superior les exigía que les dispararan con un fusil que les desfigurara el rostro. Tanto Buitrago como su superior se entregaron a la JEP y colaboran para encontrar la verdad.
Además, según Semana, el cementerio ha sido reformado recientemente. Las cruces fueron movidas y repintadas hace unos años; aunque las tumbas corresponden a muertes con 50 años de diferencia, todas se ven sospechosamente similares.
Preocupa que un hombre que había trabajado más de 20 años en el cementerio fue víctima de un atentado hace un mes. El hombre, que vive en Dabeiba, ayudó a la JEP a identificar la ubicación de la fosa. La preocupación de los magistrados es que esto sea una estrategia de silenciamiento para amedrentar e impedir que se descubra la verdad de los casos de falsos positivos en el segundo gobierno de Álvaro Uribe.
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