La medida se toma para tomar precauciones por el paro del 21 de noviembre. Gobierno de Iván Duque cerrará todas las fronteras.
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Colombia cerrará a partir de la medianoche de este martes y hasta la madrugada del viernes sus pasos fronterizos para evitar el ingreso de extranjeros que puedan alterar el orden público el jueves, día de la jornada nacional de protesta en contra de las políticas del Gobierno.
«El Gobierno nacional, con el ánimo de garantizar la tranquilidad de las marchas del próximo jueves 21 de noviembre ha tomado la decisión de cerrar las fronteras (terrestres) y fluviales», dijo el director de Migración Colombia, Christian Krüger Sarmiento.
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El cierre de los 12 pasos limítrofes se aplica para las fronteras con Ecuador, Perú, Brasil y Venezuela, que serán reabiertas «el 22 noviembre a las cinco de la mañana», explicó el funcionario.
De las fronteras colombianas la más dinámica es la de Venezuela, de 2.219 kilómetros, mientras que con Panamá comparte una línea limítrofe de 266 kilómetros en su totalidad selváticos en la región del Tapón del Darién en la que no hay cruces oficiales.
«Esta es una medida que busca o pretende evitar que extranjeros ingresen al territorio nacional con el ánimo de alterar el orden público y la seguridad», explicó el funcionario a periodistas.
Las autoridades colombianas expulsaron en los últimos días al menos a quince extranjeros, en su mayoría venezolanos, luego de que los organismos de inteligencia detectaran que estaban en el país incitando a la violencia.
Kruger recordó que los extranjeros pueden manifestarse, pero lo que «es prohibido, al igual que a los nacionales, es alterar el orden público, atentar contra la integridad de las personas y los bienes públicos y privados en nuestro país».
La ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, adelantó el lunes que el Gobierno colombiano tomará una serie de medidas, que incluyen el cierre de las fronteras, para mantener el orden público el día de la jornada nacional de protesta.
Por eso, dijo, está en estudio un decreto para que alcaldes y gobernadores, si lo consideran necesario, adopten medidas especiales de mantenimiento del orden público en sus jurisdicciones, como la restricción del porte de armas o el toque de queda.