Defensores de derechos humanos alertaron este martes sobre la violencia policial y militarización de ciudades colombianas dos días antes de la jornada de protestas convocada por sindicatos y otros sectores sociales que rechazan el que llaman «paquetazo» de reformas del presidente Iván Duque.
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«La militarización desatada en las calles de Bogotá hace prever que el Gobierno está constituyendo una tragedia contra los dirigentes sociales y contra los miembros del movimiento social, por eso queremos alertar y pedir el respaldo de la comunidad nacional e internacional», dijo en una rueda de prensa el defensor de derechos humanos Andrés Felipe Valencia.
En las últimas horas en Bogotá se ha incrementado la presencia de soldados con fusiles en las calles, lo que el Gobierno afirma no se trata de una militarización sino de un apoyo a la Policía en sus patrullajes diarios.
El activista explicó que la preocupación radica en que las Fuerzas Militares no son un cuerpo civil que establezca diálogo e interlocución con la comunidad.
«Señor Duque, este no es un escenario de guerra, no es un escenario de conflicto armado, este es un escenario de inconformidad social», subrayó Valencia.
ALLANAMIENTOS
Los defensores de derechos humanos también denunciaron que la Policía hizo este martes en Bogotá, Cali y Medellín allanamientos a viviendas de varios líderes que promueven la protesta del jueves y detallaron que en la capital colombiana fueron siete operaciones de este tipo, aunque aclararon que no hubo detenidos.
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«Solicitamos a las autoridades todo el respeto para los miembros de las organizaciones de derechos humanos. Nuestros defensores están allí para contribuir a la garantía del derecho a la protesta social y no para ser atacados o estereotipados como hemos visto en los últimos escenarios», dijo.
EXPRESARSE EN PAZ
Entre tanto, la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, creada por la firma del acuerdo de paz con las FARC, aseguró en un comunicado que el jueves «Colombia tiene una gran oportunidad de reflexionar sobre sus grandes problemas estructurales y sobre la tarea pendiente de construir la paz».
El organismo destacó que ese día «se expresarán miles de hombres y mujeres, de diversas clases sociales y procedencias, de todas las etnias, tanto de origen urbano como rural, jóvenes y mayores, que aspiran a que se supere la desigualdad y la corrupción, el narcotráfico y la violencia».
Recalcó que las protestas son «una manifestación plural, convocada de manera legal y pacífica por los movimientos sociales del país. Así, pacífica, debe transcurrir para que se escuche la voz de los que claman un mejor vivir y sus palabras no sean ahogadas por el tropel».
En el documento, firmado por el sacerdote jesuita Francisco De Roux, presidente de esa comisión, señala la necesidad de que las instituciones escuchen las peticiones de los ciudadanos.
«Es hora de escucharnos, de que el Gobierno y las instituciones del Estado comprendan el mensaje de los ciudadanos que exigen la implementación del acuerdo de paz, el cumplimiento de los innumerables acuerdos suscritos con las organizaciones sociales, para que no haya más niños reclutados ni caídos bajo las bombas, ni más indígenas y líderes asesinados», agregó.
EL GOBIERNO
La Administración de Duque ha reiterado que el despacho que la sociedad está en su derecho de manifestarse pero hay sectores que quieren aprovechar esta coyuntura para sacar provecho político.
«Hay sectores de oposición que indiscutiblemente quieren desestabilizar al país y al Gobierno», manifestó el lunes la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez.
