Los pueblos indígenas del mundo están siendo víctimas de la «criminalización» por parte de los grandes hacendados que aplican «políticas extractivistas», alertó este jueves el líder del pueblo zenú de Colombia y miembro del Foro Permanente para las Cuestiones de los Pueblos Indígenas de la ONU, Darío Mejía.
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Mejía, que participa en el Foro sobre el Cambio Climático en la ciudad colombiana de Montería (norte), culpó de las crecientes acusaciones contra los pueblos indígenas a las «políticas extractivistas en los territorios».
Explicó que «la criminalización se presenta de distintas formas, con encarcelamientos, con estigmatización, con señalamientos o en el caso colombiano con el asesinato, ya sea individual o colectivamente».
OBJETIVO: DIEZMAR LA FUERZA DE LOS PUEBLOS
El objetivo de esta violencia, para el portavoz, es eliminar tanto a los dirigentes como a la población civil de las comunidades indígenas y diezmar la capacidad de movilización de sus pueblos, no solo de Colombia sino también a nivel global.
Los que impulsan este fenómeno son personas «de la clase dominante o hacendados con proyectos extractivistas», pero a quienes no se puede reconocer ni señalar porque no están bajo ningún foco y trabajan a «través de estructuras paralelas al Estado o con la connivencia de la fuerza pública».
El activista también argumentó que cuando a los pueblos indígenas «no se les puede exterminar físicamente, se los somete», y dijo que la violencia se utiliza como una forma de «disuasión y de conquista» frente a los proyectos «extractivistas de los territorios».
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Mejía también puso el foco en el anuncio del presidente colombiano, Iván Duque, de enviar 2.500 soldados al departamento del Cauca (suroeste) y aseveró que la militarización «venga de donde venga» tiene el mismo propósito: «el control territorial y de la población».
Destacó que «uno no puede combatir el fuego con la gasolina», porque «finalmente, el propósito de unos y los otros es el mismo».
El Cauca está envuelto en una oleada de violencia contra los indígenas que la semana pasada se cobró la vida de siete de ellos y de otras seis personas, crímenes atribuidos por el Ministerio de Defensa a disidentes de la disuelta guerrilla de las Farc.
