El 29 de agosto de 2019 se conoció un video en el que cuatro líderes de las Farc se rearmaban como respuesta, a lo que ellos designaban “el incumplimiento a los acuerdo de paz”.
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La noticia sobre la nueva “guerrilla”, se esparció en un país fragmentado y polarizado al extremo. De un lado, al Gobierno le llovieron críticas por el incumplimiento de los acuerdos. Para los opositores, el rearme solo significaba una cosa: la paz se había hecho trizas.
Sin embargo, de los aliados del Gobierno de Duque, no venían muchos elogios. Los sectores más radicales del uribismo empezaron a exigir resultados, pues el retorno de la seguridad democrática no se estaba evidenciando, lo que de inmediato posicionaba al presidente Iván Duque como “falto de pantalones”.
La política de defensa, herida en su ego, y sin mostrar nada en el año largo de Gobierno, más que la muerte de alias Guacho, una muerte llena de incógnitas, decidió bombardear en el Caquetá.
Allí, según la información de inteligencia, “una cuadrilla de narcoterroristas” se escondían del brazo de la justicia. El 2 de septiembre, en tiempo récord, Duque y el ministro de Defensa, Guillermo Botero, mostraron los ansiados resultados de una operación que llamaron prolífica.
En un inicio se habló de nueve guerrilleros caídos, pero luego la noticia emocionó más al Gobierno: no fueron nueve, fueron 14 “narcoterroristas”, de bandas residuales de las Farc.
Como casi nunca se le oye hablar a Duque, ese día habló. Aseguró que había ordenado la ofensiva y la noticia mojó prensa durante pocas horas.
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Los medios de comunicación nuevamente fallamos. Nadie preguntó quiénes eran los “narcoterroristas” caídos, destrozados, que llegaron a Medicina Legal. Nuevamente dejamos pasar la noticia sin más que un reporte oficial y así el Gobierno se dio palmaditas en la espalda en donde bombardearon a niños, a ocho niños.
Mentiras y encubrimiento del Estado
Lo que hoy le cobran al ministro Guillermo Botero no es el bombardeo, del cual se defiende asegurando que fue dentro del Derecho Internacional Humanitario, la verdadera deuda, según los dirigentes políticos, es ocultar los hechos.
En el debate de moción de censura en su contra, Roy Barreras, senador del Partido de la U, reveló lo que el Gobierno no le contó al país: que en un bombardeo del que se jactó Iván Duque, de darle baja a 14 “narcoterroristas”, ocho eran menores de edad que habían sido reclutados en junio y julio de este año. Fenómeno que ya había advertido la Defensoría del Pueblo con una alerta temprana en enero, compartida al Gobierno.
El 4 de enero de 2019, la Defensoría emitió una alerta temprana en donde denunciaba que en San Vicente del Cagúan, el fenómeno de reclutamiento forzado de niños era inminente y que era operado por estructuras criminales asociadas a disidenccías de las Farc.
La alerta fue dirigida a Nancy Patricia Gutiérrez, la ministra del Interior, en donde especificaban la situación. La ministra de Gobierno sabía que allí habían niños y que la probabilidad de bombardear a menores de edad, era alta.
Así también lo señaló el personero de Puerto Rico, Caquetá, que afirmó que sí sabían que allí, específicamente había niños y que estos estaban en estado de indefensión, sin armas y secuestrados por criminales afiliados a una bacrim residual de las Farc.
Pese a esto, Botero señala que no tenía conocimiento de la situación, lo que relataría una gran falta de comunicación al interior del Gobierno, una fractura histórica; o una mentira.
Y es que no es solo el Gobierno: es el Ejército.
“No se tenía conocimiento de menores de edad que hicieran parte de la estructura de seguridad”, de alias Gildardo Cucho, aseguró en una rueda de prensa en donde no le dejaron preguntar a los periodistas, el comandante de las Fuerzas Militares, general Fernando Navarro.
Y efectivamente, esto se ha plasmado en el accionar de las Fuerzas Militares. Así lo denunció el diario The New York Times, que conoció que las órdenes que desencadenaron los falsos positivos, los crímenes de Estado en el primer gobierno de Álvaro Uribe, habían regresado a los batallones militares.
Uno de los diarios más importantes de los Estados Unidos resaltó que a principio de 2019, las órdenes militares cambiaron y lo importante eran los resultados, cumplir objetivos de muertes y afectaciones a estructuras criminales y por eso declararon que las operaciones se podían lanzar con un “60 – 70 por ciento de credibilidad y exactitud”, señalaba el medio.
No es nuevo que la cúpula del Ejército esté entrelazada con los falsos positivos. El País de España reveló que Nicacio Martínez, estuvo involucrado en ejecuciones extrajudiciales y dirigió operaciones en donde civiles fueron las víctimas.
Pero esto no es lo que dice el ministro que se niega a renunciar, a pesar de no haber revelado que los muertos en su exitosa operación fueron niños.
“Todas las operaciones militares están precedidas de una fase de planeamiento denominada ‘Proceso militar de toma de decisiones’ (…) figura que se implementó en todas las Fuerzas Militares desde 2008 por mandato de la política integral de DD.HH. y del DIH del Ministerio de Defensa”, afirmó Botero a periodistas, en donde no dejó que hicieran preguntas sobre nada.
El papel de Duque: mucho más que un espectador pasivo
El silencio del presidente alarma a muchos. El escándalo que en otros países habría tumbado a todo un Gobierno, hoy no le saca ni una palabra a Duque. Sin embargo, Duque sí celebró lo que llamó una operación meticulosa, cuidadosa. Aseguraba el presidente, por ese entonces, que ordenó la operación en contra de 14 personas, de las cuales ocho eran niños.
Duque, afirmó que fue él quien pidió la ofensiva y su papel como comandante en jefe de las FF. AA., debería dar para responder por los hechos, que a las luces del Derecho Internacional Humanitario, sí podría concebir una condena para el Estado colombiano.
