Editores, distribuidores y libreros de Colombia continúan impulsando la campaña ‘Apoyo a mis autores. Solo compro libros originales. No PiRatería’, que se lanzó con el fin de hacer un llamado a la ciudadanía para que compre libros producidos legalmente y respete los derechos de autor.
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De acuerdo con la Cámara Colombiana del Libro, que agremia a los integrantes de la industria editorial en el país, cada año se registran pérdidas cercanas a los $198.000 millones por cuenta de la piratería de libros. De estos, $57.113 millones están relacionados con textos de interés general como novelas, poesías y cuentos.
Por su parte, la piratería de textos escolares genera pérdidas anuales cercanas a los $35 mil millones, mientras que la piratería de libros profesionales y universitarios deja un vacío de más de $97 mil millones.
“El problema de la ilegalidad en Colombia deja diariamente grandes pérdidas, por eso queremos que este mensaje llegue a todos los colombianos: debemos proteger el derecho de autor, debemos proteger a los creadores. Con esta campaña también les hablamos a los educadores para que se sumen a la iniciativa y no permitan la ilegalidad en sus aulas de clase”, dijo Enrique González Villa, presidente ejecutivo de la Cámara Colombiana del Libro.
Según Villa, la comercialización de libros piratas en Colombia defrauda a los escritores y pone en riesgo el sustento de las familias que dependen de la cadena legal de los libros. Esta práctica genera un ostensible impacto negativo en la industria editorial y se hace cada vez más visible.
En el marco de la campaña ‘Apoyo a mis autores. Solo compro libros originales. No PiRatería’, la Cámara Colombiana del Libro ha hecho conversatorios en ferias del libro y universidades de Bogotá, Manizales, Medellín, Barranquilla, Pasto y Cali, además de actividades lúdicas con niños en estas ciudades.
Centros educativos, foco de piratería
Para combatir la piratería en las aulas de clase de colegios y universidades, el Gobierno nacional ha expedido varias directrices que promueven la protección de los derechos de los creadores.
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Entre tales lineamientos está la Directiva Ministerial No. 01 de enero 9 de 2007, firmada por la entonces ministra de Educación Cecilia María Vélez, que invita a las autoridades locales, a los secretarios de educación y a los rectores de instituciones educativas a que difundan la cultura de la legalidad.
“En Colombia tenemos suficientes leyes, normas y regulaciones para la protección del derecho de autor, pero esto se enfrenta a las realidades del mercado que hace que esas normas no se cumplan adecuadamente”, dijo Bernardo Jaramillo Hoyos, consultor especializado en la industria editorial y asesor de la Cámara Colombiana del Libro.
De acuerdo con Natalia Gómez, gerente del Centro Colombiano de Derechos Reprográficos, las instituciones de educación básica y superior pueden solicitar licencias que permiten fotocopiar un porcentaje de los textos sin cometer ningún delito.
“La licencia autoriza fotocopiar hasta el 30% de un libro. En el caso de las universidades, como ven solo capítulos, este porcentaje es adecuado para que los estudiantes puedan acceder a las fotocopias de manera legal. En el ámbito digital se autoriza hasta el 20% del uso de una obra, que también es bastante acertado”, explicó Gómez.
Las ciudades priorizadas en 2018 por la Cámara Colombiana del Libro y las autoridades para erradicar la piratería reprográfica y el fotocopiado fueron Bogotá, con un 48,4% de operativos adelantados por este delito; Bucaramanga y Cali, con un 8,1% de operativos cada una, y Barranquilla y Medellín, con un 4,8% de operativos cada una.
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