La Corte Constitucional tumbó este miércoles la reforma tributaria del presidente Iván Duque, llamada Ley de Financiamiento, porque no tuvo el debido trámite en el Congreso, informó la presidenta de ese tribunal, magistrada Gloria Díaz.
PUBLICIDAD
Y la culpa es del expresidente del Senado, Ernesto Macías, amigo de Duque y uno de los más influyentes políticos en esa colectividad.
Y es que Macías no cumplió con los parámetros establecidos para la presentación de la ley y según los magistrados, incurrió en vicios de procedimiento, lo que pone al Gobierno en jaque, pues tienen que presentar otra reforma, lo que les quitará mucho tiempo.
«Se constató que la declaratoria de inconstitucionalidad simple ocasionaría un vacío normativo en el sistema tributario que afectaría el recaudo previsto para el año 2019, lo cual podría impactar las inversiones del Estado ante la disminución de uno de los rubros más importantes de los ingresos corrientes de la nación», añadió la magistrada.
En diciembre pasado, el Congreso aprobó la Ley de Financiamiento con la que el Gobierno buscaba recaudar 7,5 billones de pesos (unos 2.168 millones de dólares de hoy) para cerrar el presupuesto de este año, que asciende a 258,9 billones de pesos.
Uno de los grandes problemas fue que no facilitaron el debate correcto en el Congreso, que a la larga no fue plural, ni garantizó los derechos de las minorías. A pesar de que hubo varias denuncias al respecto, mientras se tramitaba la reforma, Macías no hizo caso y por eso la reforma es tumbada.
La magistrada explicó que antes del 1 de enero el Congreso tendrá que ratificar, derogar, modificar o subrogar los contenidos de la Ley de Financiamiento, pues si no lo hace «se dispondrá la reviviscencia de manera simultánea de las normas derogadas o modificadas» por la reforma tributaria.
PUBLICIDAD
Según la Corte Constitucional, la decisión se tomó luego de estudiar 5 de las 24 demandas que alegaban que el proceso había tenido vicios de forma, entre ellos que el documento aprobado en la Cámara de Representantes no contaba con las modificaciones hechas en el Senado.
«Se violó el principio democrático, en tanto no se dio una deliberación racional de la ley, no se respetó el pluralismo ni los derechos de las minorías y no se garantizó el control ciudadano», añadió la magistrada.
La decisión, tomada por la Sala Plena por seis votos contra tres, entrará en vigencia a partir del 1 de enero próximo para «modular sus efectos» sobre la economía del país, explicó Díaz.
