La Corte Constitucional de Colombia tumbó la reforma tributaria del presidente Iván Duque, llamada Ley de Financiamiento, porque no tuvo el debido trámite en el Congreso, informó la presidenta de ese tribunal, magistrada Gloria Díaz.
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La decisión, tomada por la Sala Plena por seis votos contra tres, entrará en vigencia a partir del 1 de enero próximo para «modular sus efectos» sobre la economía del país, explicó Díaz.
«Se constató que la declaratoria de inconstitucionalidad simple ocasionaría un vacío normativo en el sistema tributario que afectaría el recaudo previsto para el año 2019, lo cual podría impactar las inversiones del Estado ante la disminución de uno de los rubros más importantes de los ingresos corrientes de la nación», añadió.
En diciembre pasado, el Congreso aprobó la Ley de Financiamiento con la que el Gobierno buscaba recaudar 7,5 billones de pesos (unos 2.168 millones de dólares de hoy) para cerrar el presupuesto de este año, que asciende a 258,9 billones de pesos (unos 74.811 millones de dólares).
La magistrada explicó que antes del 1 de enero el Congreso tendrá que ratificar, derogar, modificar o subrogar los contenidos de la Ley de Financiamiento, pues si no lo hace «se dispondrá la reviviscencia de manera simultánea de las normas derogadas o modificadas» por la reforma tributaria.
Según la Corte Constitucional, la decisión se tomó luego de estudiar 5 de las 24 demandas que alegaban que el proceso había tenido vicios de forma, entre ellos que el documento aprobado en la Cámara de Representantes no contaba con las modificaciones hechas en el Senado.
«Se violó el principio democrático, en tanto no se dio una deliberación racional de la ley, no se respetó el pluralismo ni los derechos de las minorías y no se garantizó el control ciudadano», añadió la magistrada.
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Al respecto, el presidente Duque ordenó al ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, que a «la mayor brevedad presente ante el Congreso de la República un proyecto de ley que recoja todos los beneficios, mecanismos y normas que contenía la Ley aprobada por el Congreso de la República»
«El Gobierno no cesará en su intención de reactivar la economía, de crear las condiciones para la generación de empleo para todos los colombianos y cerrar las brechas sociales», afirmó el mandatario, quien agregó el Ejecutivo y el Congreso procederán «con sentido de urgencia» pensando en «en la seguridad jurídica y seguir haciendo de Colombia un lugar atractivo para el desarrollo empresarial.
