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Aunque se aceptó una acción judicial en su contra, el Concejo espera la aprobación del nuevo POT antes de elecciones.
El Concejo de Bogotá se encuentra en medio de una discusión que podría alterar el Plan de Ordenamiento Territorial. Las últimas sesiones del cabildo se han ido en largas explicaciones de todas las entidades públicas sobre los elementos que les corresponden en el nuevo POT. Pero una demanda podría cambiar el panorama de esta norma.
La Alcaldía solo radicó el proyecto del nuevo POT el 5 de agosto, con lo que el grueso del debate se está dando a pocos meses del final de mandato de Peñalosa y en plena temporada electoral. Esto habría dado lugar a una decisión judicial de una fuente inesperada: el “concejal de la familia” Marco Fidel Ramírez.
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La acción de cumplimiento que interpuso el concejal de Colombia Justa Libres busca que la Alcaldía de Bogotá responda por la presentación tardía del POT. Según Ramírez, el proyecto debió haber sido presentado a más tardar en 2017, dado que la ley 388 de 1997 exige que su revisión coincida con una nueva administración y que se actualice cada 12 años.
Si el juzgado falla a favor de Ramírez, el nuevo POT sería responsabilidad de la próxima administración. “En la práctica el POT quedaría sin sustento y lo tendría que presentar la próxima Administración. La actual Alcaldía ni siquiera lo podría sacar vía decreto”, aseguró.
La ponente principal del proyecto, Lucía Bastidas, defendió el proyecto de estas acusaciones. La concejal de Alianza Verde aseguró que el proyecto se ha venido trabajando desde el principio de la alcaldía de Peñalosa. “La administración ha cumplido todos sus pasos, la concertación ambiental con la CAR, la divulgación y los cabildos abiertos”, dijo a PUBLIMETRO.
