Entre ausentismo y juzgados se discute el POT de Bogotá

El Concejo de Bogotá se encuentra en medio de una discusión de talla mayor que podría alterar el Plan de Ordenamiento Territorial. Las últimas sesiones del cabildo se han ido en largas explicaciones de todas las entidades públicas sobre los elementos que les corresponden en el POT de Bogotá. Pero la posición final es algo de temor por la posibilidad de que el POT sea firmado por decreto por Enrique Peñalosa.

Las normas de trámite del Concejo indican que el organismo tiene tres meses para discutir los proyectos presentados por la administración. Si en ese período no se ha tomado una decisión, sea aprobar o rechazar, el proyecto puede ser aprobado por decreto. Esto implica que las modificaciones a las que haya habido lugar en el Concejo serían ignoradas.

Tampoco ayuda el calendario: la Alcaldía solo radicó el proyecto el 5 de agosto, con lo que el grueso del debate se está dando en plena temporada electoral. Esto ha provocado que algunos concejales que buscan su reelección se ausenten de los debates para realizar sus campañas.

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Según la concejal Lucía Bastidas, ponente del proyecto, el asunto es netamente de carácter personal. «Hay unos que se están ausentando y otros que asistimos a todos los debates. Yo estoy haciendo el trabajo y estudiando concienzudamente estas posiciones», aseguró la concejal a PUBLIMETRO.

Pero, para su copartidaria María Fernanda Rojas, esta situación solo se debe al momento del debate. «En estos momentos se está dando información alrededor de las presentaciones de las entidades distritales. Lo más probable es que, cuando llegue el momento de votar, todos los que no están apareciendo lleguen a votar con Peñalosa», afirmó.

¿Juzgado dejaría a Bogotá sin POT?

Otro elemento son las acusaciones que se encuentran en los juzgados, como aparentes trabas al proyecto. La última de estas llega desde un blanco inesperado:Marco Fidel Ramírez, conocido como «el concejal de la familia». El juzgado 24 Administrativo de Bogotá aceptó una acción de cumplimiento contra la administración distrital.

La acción de cumplimiento que interpuso Ramírez busca que la Alcaldía responda por la presentación tardía del POT. Según el concejal de Colombia Justa Libres, el POT debió haber sido presentado en 2017, dado que la ley 388 de 1997 exige que su presentación coincida con una nueva administración.

Así, si el juzgado falla a favor de Ramírez, el POT sería responsabilidad de la próxima administración. “Si hay un fallo conforme a las razones expuestas, en la práctica el POT quedaría sin sustento y lo tendría que presentar la próxima Administración. La actual Alcaldía ni siquiera lo podría sacar vía decreto», aseguró.

Bastidas defendió el proyecto del que es ponente de estas acusaciones. La concejal de Alianza Verde aseguró que el proyecto se ha venido trabajando desde el principio de la alcaldía de Peñalosa. «La administración ha cumplido todos sus pasos, la concertación ambiental con la CAR, la divulgación y los cabildos abiertos», dijo.

Las dos concejales verdes rechazaron la posibilidad de que el POT de Bogotá sea aprobado por decreto. «Peñalosa ha tenido unas mayorías importantes en el Concejo que lo han apoyado en sus proyectos. Incluso en los más impopulares, como la valorización o el TransMilenio por la Séptima. No veo por qué no pasaría lo mismo con el POT», dijo Rojas.

Por su parte, Bastidas consideró que las trabas no son mayor obstáculo. «Sabemos que hay demandas para trancar todo desde los opositores. No obstante, creo que el POT de Bogotá debe salir a través de un acuerdo de toda la ciudad. No hay que politizar los elementos técnicos», afirmó.

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