Las autoridades detuvieron a 206 personas, entre ellas tres alcaldes, en una macrooperación interinstitucional contra las bandas criminales en el departamento de Nariño, fronterizo con Ecuador.
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Entre los detenidos, 38 personas están acusadas de formar parte de grupos disidentes de las Farc contra los que se realizaron 71 diligencias de registro y allanamiento, mientras que otros tres arrestados presuntamente formaban parte de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), detalla un comunicado conjunto de la Policía, el Ejército y la Fiscalía.
En total, seis organizaciones de crimen organizado fueron objetivo de las operaciones, entre ellas los grupos disidentes de las Farc autodenominados Estructura 29, Frente Oliver Sinisterra, Guerrillas Unidas del Pacífico, Los Contadores, el ELN y una banda conocida como Cordillera Sur.
Fueron arrestadas 15 personas que están acusadas de hacer parte de la Estructura 29; diez más de integrar el Frente Oliver Sinisterra, entre ellas un supuesto cabecilla urbano conocido con el alias de «Mincho».
Nueve de los detenidos están señalados de pertenecer a las Guerrillas Unidas de Pacífico y cuatro capturados más son supuestos miembros de Los Contadores.
Las investigaciones permitieron esclarecer el homicidio de Paula Andrea Rosero Ordoñez, personera (responsable del Ministerio Público que vela por la protección de los derechos humanos) en el municipio de Samaniego (Nariño).
Por el crimen, ocurrido el 20 de mayo del año en curso, fue acusado Kevin Javier Mendoza Centeno, detenido en Cali.
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De igual manera, fue detenido Lisandro Meza Daza, alias «El Ratón», quien fue acusado por el atentado contra José Astul Obregón Daza, presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda (aldea) Paso Feo, en Taminango (Nariño), ocurrido el 22 de abril de este año.
Durante la operación, denominada «Escudo II», también fueron detenidos los alcaldes de La Tola, Federman Riascos Lerma; de El Charco, Milton Cuero Tejada; y de Mosquera, Johan Vásquez Moreno; junto al consejero de paz de La Tola, Cristóbal Ortiz Barahona; el contratista Eduardo Ghysais Vitola, y otras cuatro personas acusadas de casos de corrupción.
Todos ellos están acusados de haber entregado «dádivas para gestionar irregularmente contratos ante diferentes entidades del Estado y alcaldías municipales con el objeto de realizar aparentes proyectos productivos del posconflicto y de atención a las poblaciones vulnerables».
Además, en la vereda El Cerro, en Magüí Payán, fueron destruidas once excavadoras, siete motores fuera de borda, entre otro tipo de maquinaria pesada con la que las bandas devastaron 35 hectáreas de bosque nativo para extraer ilícitamente oro.
Durante la operación fueron intervenidos 294 laboratorios para la elaboración de cocaína y fueron erradicadas 1.646 hectáreas de hoja de coca.
En las áreas intervenidas, los grupos de erradicación constataron una acelerada deforestación de bosque nativo y la presencia de cultivos entre cosechas de plátano y otros productos agrícolas.
En «Escudo II» participaron 1.342 efectivos de la Fuerza de Tarea Hércules de las Fuerzas Militares, cerca de 2.900 unidades de las diferentes especialidades de la Policía Nacional, 17 fiscales, 35 investigadores y 12 peritos del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía.
También contó con el apoyo de siete jueces de control de garantías, agregó la información.
