La Fiscalía colombiana advirtió a la Justicia Especial para la Paz (JEP) que en la Comuna 13 de Medellín puede haber fosas aún sin identificar con víctimas de desaparición forzada.
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Así lo hizo durante una audiencia pública de la JEP, que se inició este ayer miércoles y se extenderá hasta el día jueves 18 de junio, en la que se busca recoger información que permita establecer «medidas cautelares» en la Comuna 13.
En la diligencia participan familiares de desaparecidos en esta convulsa comuna y colectivos de víctimas, así como representantes de instituciones estatales.
«Nuestra competencia como tribunal especial de paz en este doloroso asunto es obtener información que permita adoptar las decisiones que correspondan para proteger los lugares donde se tengan elementos de juicio para considerar que han sido depositados cuerpo de personas desaparecidas», expresó la presidenta de la sesión, la magistrada Reinere Jaramillo.
La indagación se fundamenta en una petición de representantes del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice) y de familiares de desaparecidos, que solicitaron a la JEP que tome medidas cautelares en 16 lugares del país donde «se presume existen personas inhumadas» dadas como desaparecidas.
Los demandantes pidieron el cierre cautelar de los lugares conocidos como ‘La Arenera’ y ‘La Escombrera’, donde se sospecha que están enterrados los cuerpos de los desaparecidos, para que «la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) pueda actuar en mejores condiciones en estos lugares» en el futuro.
La directora de la Corporación Jurídica Libertad, Adriana Arboleda, expresó a Efe que esta audiencia no pretende «establecer responsabilidades», al tratarse de una reunión «técnica» que dará claridad «sobre lo que se ha hecho y dejado de hacer», además de ser un escenario para propuestas.
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«Aquí nos estamos jugando las últimas cartas», afirmó la abogada, y agregó que tanto las víctimas como sus familiares «necesitan que los más de 250 casos de desaparición forzada en la Comuna 13 se resuelvan».
En esa línea, Margarita Restrepo manifestó que tiene la «esperanza» de que la JEP exija a la institucionalidad «todo lo que nos han negado» desde el momento en el que desapareció su hija Carol Vanesa, de 17 años, quien fue raptada junto a dos compañeros, según su relato, durante la Operación Orión en 2002.
Con esa operación militar las autoridades buscaban expulsar de la Comuna 13 de Medellín a grupos ilegales y que, según organismos de defensa de los derechos humanos, dejó numerosos desaparecidos y se hizo en colaboración con grupos paramilitares.
«Llevamos 17 años luchando para que cierren ‘La Escombrera’. Nunca nos escuchan», dijo Restrepo a periodistas, y apuntó que la audiencia también permitirá mirar «otros puntos estratégicos» donde se creen que hay restos óseos.
