El Gobierno colombiano pasó este martes a retiro a uno de los generales del Ejército implicados en un caso de corrupción, mientras que la situación de otros dos está a la espera de que se resuelva administrativa o disciplinariamente.
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En primer lugar se decidió «llamar a calificar servicios al general Jorge Romero Pinzón, comandante de Acción Integral del Ejército Nacional», dijo en una rueda de prensa en Bogotá el ministro de Defensa, Guillermo Botero.
Los otros dos implicados en el escándalo, revelado por la revista Semana, son el segundo comandante del Ejército, general Adelmo Fajardo, y el jefe del Comando de Apoyo de Contrainteligencia (Cacim), general Eduardo Quiroz, recordó el ministro, quien recalcó que el Gobierno tiene la política de «cero tolerancia con cualquier actuación de la fuerza pública que sea contraria a la Constitución».
Sobre Fajardo, Botero explicó que «ha solicitado vacaciones para preparar su defensa a las acusaciones que pesan sobre él y le han sido concedidas».
Frente al caso de Quiroz, el ministro precisó que «será trasladado a una dependencia del Ejército mientras se resuelve su situación, bien sea administrativa o bien disciplinaria, pero previa coordinación con el procurador general de la nación», que ayer abrió investigaciones a los tres generales.
Semana reveló el pasado 7 de julio que los generales son investigados por presuntos casos de corrupción en el uso de dinero del presupuesto del Ejército.
Sobre el general Fajardo se indicó que sus subalternos contaron a los investigadores judiciales que debían darle dinero del presupuesto para sus gastos personales.
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Esto ocurrió cuando Fajardo era el jefe del Comando de Educación y Doctrina del Ejército (Cedoc), entre 2016 y 2017.
En cuanto al Romero, la Fiscalía lo investiga por posibles malos manejos de presupuesto que suman cerca de 1.000 millones de pesos (unos 310.000 dólares).
Esto ocurrió, según la publicación, cuando Romero era comandante de la Cuarta Brigada del Ejército y el dinero que debía ser utilizado en el mantenimiento de los vehículos de la institución fue desviado, al parecer con la complicidad de «otros altos oficiales a su cargo».
Frente al general Quiroz, Semana sostuvo que cuatro militares le confirmaron que este ofreció a sus hombres recompensas por información sobre quién filtra información del Ejército a la prensa.
El Ejército colombiano está en el ojo del huracán desde hace meses por cuenta del escándalo de corrupción y por la denuncia que en mayo pasado hizo el diario estadounidense The New York Times sobre una directriz que podría dar pie a «otra encarnación» de los «falsos positivos», como se conoce en el país a las ejecuciones extrajudiciales de civiles.
Hasta el momento la Fiscalía colombiana ha investigado cerca de 5.000 casos de «falsos positivos», crímenes cometidos por militares que presentaban a civiles como guerrilleros abatidos en combate para lograr premios y permisos de sus superiores.
Por estos casos, que fueron cometidos entre 1988 y 2014, hay 1.500 militares implicados.
Este escándalo salpicó al comandante del Ejército, general Nicacio Martínez, quien sostuvo el pasado 21 de mayo que se cambiaría la directriz porque consideraba que hubo «mala interpretación» por parte de personas ajenas a la institución.
El 13 de junio de este año el ministro Botero superó en el Congreso una moción de censura por su presunta responsabilidad en la cuestionada directriz del Ejército, y el 5 del mismo mes el Senado aprobó por amplia mayoría el ascenso al generalato de 13 militares y policías, entre ellos Martínez.
