Una verdadera «cacería de brujas» tiene lugar en el Ejército colombiano para hallar a los militares que denunciaron el posible retorno de las ejecuciones extrajudiciales, conocidas como «falsos positivos», y actos de corrupción, reveló este domingo una investigación periodística.
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Un informe publicado por la revista Semana con base en entrevistas a más de 20 miembros activos del Ejército, grabaciones de audio, vídeos, documentos y fotografías, revela que muchos de ellos han sido objeto de amenazas, seguimientos e intimidaciones.
Con esta que la revista llama «operación silencio» se busca descubrir quiénes fueron los oficiales que sirvieron de fuente al periodista estadounidense Nicholas Casey para escribir el artículo publicado por el diario The New York Times el pasado 18 de mayo sobre el posible regreso de los «falsos positivos».
En ese artículo, el NYT reveló la existencia de una directriz del Ejército que ordenaba a la tropa incrementar sus resultados operacionales, lo que podía poner en riesgo la vida de civiles al constituirse en «otra encarnación» de los «falsos positivos».
La Fiscalía colombiana ha investigado cerca de 5.000 casos de «falsos positivos» que implican a unos 1.500 militares y que fueron cometidos entre 1988 y 2014, de los cuales 2.200 fueron remitidos a la Justicia Especial para la Paz (JEP), que se encarga de juzgar los crímenes cometidos con ocasión del conflicto armado.
Tras el revuelo que desató la publicación del diario neoyorquino y que llevó incluso a retirar la polémica directriz, «se desató una cacería impresionante. Nos preguntaban quiénes de nosotros eran los que habían hablado con los periodistas y como parte de toda esa cacería nos hicieron entrevistas», dijo uno de los uniformados a Semana.
El militar hace parte de un grupo de 14 que trabajan en diferentes partes del país y fueron llamados con carácter de «urgencia» el pasado 22 de mayo para que acudieran a la sede de la Segunda División del Ejército en la ciudad de Bucaramanga (noreste).»Cuando llegamos nos dimos cuenta que era para algo raro.
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Ahí fue que nos dijeron que nos iban a hacer unas entrevistas y después (pruebas de) polígrafos a todos», agregó la fuente a Semana, y precisó que la orden hacer esa «cacería» la dio el general Eduardo Quirós, jefe del Comando de Apoyo de Contrainteligencia.
La situación se filtró y el director de la ONG Human Rights Watch, José Miguel Vivanco; la Procuraduría colombiana y varios periodistas empezaron a preguntar a través de las redes sociales el por qué de la «cacería» para intentar dar con las fuentes del NYT.
Para acallar los rumores, el comandante de la Segunda División del Ejército, general Mauricio Moreno, emitió un comunicado en el que afirmó que «las versiones publicadas en diferentes medios y redes sociales sobre supuestas indagaciones para identificar fuentes relacionadas con una publicación o sobre supuestos usos de polígrafos, no son ciertas y tampoco tienen fundamento de ninguna especie».
Sin embargo, la revista comprobó que la persecución al interior de las filas siguió incluso mediante el envío de esquelas mortuorias a militares, sus familias, y más recientemente a los periodistas de Semana que hicieron la investigación.
También, ha habido seguimiento por parte de hombres pertenecientes a «grupos especiales de contrainteligencia» que tienen la misión de identificar y presionar a quienes están denunciando las irregularidades en la institución.
Un uniformado contó que recibió en su móvil «fotos de los seguimientos» a sus hijos menores de edad en el colegio y también de sus padres, mientras otro afirmó que mientras estaba en una operación le dejaron anónimos y esquelas en la puerta de su casa en los que le decían que lo iban a matar por soplón.
Con esta táctica también han intentado callar a militares que han declarado ante la JEP sobre «falsos positivos» porque no quieren verse involucrados en violaciones a los derechos humanos.
Ante la magnitud de las presiones, la magistrada de la sala de reconocimiento y verdad de la JEP, Catalina Díaz, confirmó que integrantes de la fuerza pública que están confesando lo que saben sobre «falsos positivos» y denunciando a sus superiores han sido amenazados de muerte.
«Luego de venir a atender las versiones voluntarias han sido amenazados, seriamente amenazados, a tal punto que hemos decretado medidas cautelares debido a que la propia JEP, en el estudio de riesgo, confirmó que estaban en una situación extraordinaria», sostuvo la magistrada.
De la persecución también son víctimas militares que han denunciado actos de corrupción en el Ejército, como exigencias de dinero por parte de generales a proveedores para pagar gastos privados, incluso vacaciones familiares en el exterior.
Por el escándalo de los «falsos positivos» han sido cuestionados el ministro de defensa, Guillermo Botero, y el comandante del Ejército, general Nicacio Martínez.
Denuncian amenazas a militares del ejercito que denunciaron «falsos positivos».
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