Los asesinatos de líderes sociales y exguerrilleros de las Farc dejan al descubierto un exterminio silencioso en Colombia que se ha cobrado la vida de al menos 700 personas en los últimos tres años y que, según expertos, ponen en peligro el acuerdo de paz firmado en noviembre de 2016.
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El más reciente caso tuvo lugar el viernes en Tierralta, en el caribeño departamento de Córdoba, en donde con la más espeluznante frialdad dos hombres dispararon desde una motocicleta contra María del Pilar Hurtado Montaño, de 34 años.
La mujer, que según organizaciones sociales era una líder de su zona que estaba amenazada por el grupo paramilitar Águilas Negras, caminaba por las polvorientas calles de la localidad en compañía de su hijo, de apenas nueve años, cuando fue tiroteada.
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La desgarradora escena que siguió y que fue captada en un video que se ha multiplicado en las redes sociales, muestra el desespero y el dolor del niño que grita, patea piedras y pregunta «por qué».
La respuesta a esa incógnita que mantiene perplejo al país es clara para el senador Iván Cepeda, del partido de izquierdas Polo Democrático Alternativo.
«Aquí estamos asistiendo a una acción sistemática para frustrar el proceso de paz y las reformas y cambios que trae», dijo este sábado Cepeda en entrevista con EFE.
Estos crímenes, que según el senador se registran «uno cada dos días» en al menos siete regiones de Colombia, la mayoría de ellas agobiadas por la presencia de grupos guerrilleros, disidentes de las Farc, paramilitares y narcotraficantes, «no son hechos aislados contra personas que están en una situación de marginalidad sino ataques directos contra la sociedad».
Pese al drama, que parece ir en aumento desde la firma del acuerdo de paz con las FARC, el 24 de noviembre de 2016, por ahora no hay una cifra única sobre las víctimas mortales de esta escalada de violencia.
La más dramática estadística la entregaron recientemente la ONG Instituto de Estudios sobre Paz y Desarrollo (Indepaz) y el movimiento político Marcha Patriótica, que en el informe «Todos los nombres, todos los rostros» aseguraron que 702 líderes sociales y 135 excombatientes de las FARC fueron asesinados desde 2016.
También, la Defensoría del Pueblo ha indicado que son 431 los casos registrados en ese periodo, mientras que para la ONG Somos Defensores el número asciende a 341 líderes y defensores de derechos humanos muertos, 25 de los cuales perdieron la vida solo en el primer trimestre de este año.
Ante la preocupante situación Cepeda hizo un llamado para «salir a la calle a expresar el repudio frente a todos estos asesinatos» e indicó que la Comisión de Paz del Senado, de la cual es copresidente, irá la próxima semana en una misión humanitaria a Tierralta para «documentar» lo que ocurrió con Hurtado.