Las duras denuncias de una líder social en La Guajira

Marcela Epiayu Sánchez es la representante legal de la Asociación Shipia Wayuu de Manaure, en La Guajira, que trabaja por la reivindicación de este pueblo y por defender los derechos de la niñez y sus madres lactantes y gestantes. Las duras denuncias de una líder social en La Guajira.

El trabajo de la organización fue galardonado en 2017 con el premio Letelier-Moffitt Human Rights, otorgado por el Instituto de Estudios Políticos en Washington.

Hoy la asociación también hace parte de la campaña #DefendemosLaVida, lanzada por la Delegación de la Unión Europea en Colombia, que busca acompañar a los líderes sociales del país y a las organizaciones de derechos humanos que están siendo objeto de amenazas, ataques, intimidaciones y asesinatos.

Recomendados

La moda sostenible no es una tendencia: es una forma de vida y de tomar acciones para cambiar...

⁠Impuesto vehicular en Bogotá: hasta cuándo hay plazo de pagar con descuento y cómo descargarlo

Carros, motos y joyas: La Dian anunció nueva subasta pública de bienes incautados

Marcela Epiayú contó a PUBLIMETRO detalles sobre el atropello a los derechos humanos que se vive en La Guajira.

¿Desde hace cuándo lleva la bandera de la defensa de los derechos de su comunidad?

Llevamos más de 15 años en esta lucha. Soy mujer y no puedo ver como los niños se mueren de hambre y de sed en un país tan rico como el nuestro, en un departamento tan rico como La Guajira, y no pasa nada. Solo ver los abusos y los atropellos a la comunidad en general me llevó a no quedarme callada. Trabajo con autoridades tradicionales que confiaron en mí, me dieron esa voz que ellos tienen en el interior del país.

¿Cómo ha sido el camino de lograr visibilidad como líder social?

De tocar miles de puertas, partir desde la inocencia y querer hablar con las personas. Entre ese caer y volver a caer hemos llegado a lugares donde nos han abierto la puerta. Personas ajenas al país, como la Embajada de Polonia y de República Checa, nos escucharon y abrieron las puertas, y se ha podido lograr que cesen las muertes en el territorio gracias a los acuerdos que ellos han hecho.

¿Por qué los niños mueren de hambre y sed en La Guajira?

Los indígenas están jerarquizados. Hay de primera, segunda y tercera clase. El Gobierno se sienta hablar solo con los de siempre y desconoce que hay unas bases que se tienen que escuchar con las que se puede trabajar. Sucede que estamos con un gobierno permisivo, que gira recursos, pero que sabe que se quedan por el camino y donde se quedan y no hace nada para evitarlo. También estamos con gobiernos que creen que todo se puede hacer desde un escritorio en Bogotá y desconocen las dinámicas propias del territorio. Saben que basta con tener bien a un cacique político que les da los votos. Por eso estamos así. Se le escucha es a él y no al que se está muriendo de hambre y sed.

¿Técnicamente, cuál diría que es la mayor problemática en La Guajira?

La minería podría ser el mayor detonante. Se robaron el único río que teníamos, el río Ranchería. Tienen el agua acumulada en una gran represa de agua a la que solo tienen acceso los arroceros y los ganaderos.

Al desviar el río se secaron los afluentes subterráneos y cambiaron por completo las dinámicas de la comunidad, que con el río podía hacer sus intercambios y migrar los animales para que crecieran y se multiplicaran. Al no haber agua empieza a cesar la vida por donde se mire. El chivo es la moneda, la comida, y la base de la vida, pero hasta los chivos se murieron, no hay que comer ni que tomar, pero la gente no entiende eso.

Se suma el tema de la corrupción, ya que se quedan con la comida de los niños y lo de la salud, y el hecho de que la educación no es importante. Tampoco hay vías de acceso, no hay como llegar y no se entiende eso (…) Por ahí empieza el exterminio.

¿Cuál ha sido el papel del gobierno en respaldar su causa?

Han sido gobiernos egoístas y sordos. Han sido gobiernos cooptados por la corrupción de La Guajira, y la han alimentado. Tenemos 3.500 niños que no han sido atendidos por Bienestar Familiar simplemente por pertenecer a la asociación que yo represento.

Somos peticionarios y beneficiarios de medidas cautelares desde el 2015, y nosotros somos los únicos integrantes con los que el gobierno no ha querido hablar. Denunciar y reclamar no es un tema permitido en La Guajira. Solamente se muestran cifras de inversiones en papel que son hermosas, y que si fueran verdad sería el paraíso La Guajira.

¿Qué cree que se podría hacer para abolir la corrupción?

Si empezamos respetando los derechos, por ahí puede comenzar la solución. Es un tema de tiempo y paciencia, pero hay que comenzar sí o sí lo más pronto posible.

¿A qué cree que se debe el asesinato sistemático de líderes sociales en el país?

Somos la piedra en el zapato para los corruptos y para la ley. Somos la piedra en el zapato para todos aquellos que piensan primero en sus bolsillos y en lo que a ellos le corresponde. Por eso estamos siendo exterminados, no por otra cosa.

¿En este momento tiene alguna denuncia puntual?

Estamos siendo víctimas del peor ataque que puede sufrir una persona y es dañar su dignidad. Javier Rojas Uriana, representante legal hasta hace uno días de la asociación, fue víctima de un falso positivo judicial. Lo quieren callar a como dé lugar, pero eso no va a suceder.