El Senado de la República aprobó por amplia mayoría el ascenso a general de 13 militares y policías, entre ellos el comandante del Ejército, mayor general Nicacio Martínez Espinel, cuestionado por su posible relación con ejecuciones extrajudiciales de civiles, llamadas «falsos positivos».
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La aprobación se dio tras un caldeado debate en el que partidos de oposición expusieron sus dudas sobre el ascenso a general de cuatro soles de Martínez y acabaron abandonando el hemiciclo antes de la votación para expresar su rechazo.
La primera en retirarse fue la bancada del partido FARC, luego de un breve discurso del senador Julián Gallo, quien recordó que la antigua guerrilla firmó el acuerdo de paz con el Gobierno en noviembre de 2016 para poner fin a un «enfrentamiento fratricida entre los colombianos».
«Confiamos plenamente en el papel de las Fuerzas Armadas y de Policía en la construcción del proceso de reconcilación nacional», dijo Gallo, quien afirmó que los cinco senadores de la FARC se retiraban para no enfrascarse en discusiones porque entendían «que el acuerdo recientemente firmado todavía requiere de avanzar en el camino de construcción de la reconciliación y el entendimiento en un marco de convivencia».
En la otra orilla, el partido de Gobierno, el Centro Democrático, liderado por el expresidente Álvaro Uribe, hizo una vehemente defensa de las Fuerzas Armadas y del «honor militar», tarea en la que tuvo el apoyo de senadores de otras fuerzas no precisamente alineadas con el Ejecutivo, como los partidos Conservador, Liberal, Cambio Radical y el de La U.
Después de más de tres horas de debate en el pleno del Senado se procedió a la votación en la que por 64 votos a favor y solo uno en contra se dio vía libre al ascenso de los generales del Ejército Martínez Espinel, Luis Fernando Navarro (comandante de las Fuerzas Militares) y Ricardo Jiménez Mejía (jefe del Estado Mayor Conjunto).
En la misma sesión, y sin las tensiones que provocó el ascenso de Martínez, los senadores aprobaron los de siete miembros de la Policía, de dos almirantes de la Armada Nacional, entre ellos su comandante, Evelio Ramírez Gáfaro, y del comandante de la Fuerza Aérea Colombiana (FAC), Ramsés Rueda.
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La controversia por el ascenso de Martínez comenzó el pasado 18 de mayo con un artículo del diario estadounidense The New York Times (NYT) que reveló la existencia de una directriz del Ejército que ordena a la tropa incrementar sus resultados operacionales, lo que pone en riesgo la vida de civiles.
En el artículo, el periodista Nicholas Casey señaló tras revisar órdenes escritas y entrevistar a altos oficiales que el Ejército puede estar ejecutando «otra encarnación» de los «falsos positivos», eufemismo para referirse a las ejecuciones extrajudiciales de civiles cometidas por militares para presentar mejores resultados a sus superiores y obtener por ello permisos y condecoraciones.
Las víctimas de esta política eran siempre jóvenes pobres de barrios de la periferia de las grandes ciudades, algunos de ellos discapacitados, a quienes se les engañaba con falsas promesas de trabajo para llevarlos a otras partes del país donde eran asesinados y luego presentados como guerrilleros muertos en combate.
La Fiscalía General de la Nación ha investigado cerca de 5.000 casos de «falsos positivos» que implican a unos 1.500 militares y que fueron cometidos entre 1988 y 2014, de los cuales 2.200 fueron remitidos a la Justicia Especial para la Paz (JEP), que se encarga de juzgar los crímenes cometidos con ocasión del conflicto armado.
En el debate, el senador Rodrigo Lara, de Cambio Radical, al defender el ascenso de Martínez, dijo que por los «falsos positivos» hay 5.400 militares investigados y 1.200 condenados, pero eso no significa que los superiores estuvieran implicados.
El general Martínez, que asistió al debate junto con los demás oficiales nominados, no intervino en ningún momento ni dio declaraciones al concluir la sesión legislativa.
Una de las más fuertes críticas fue la senadora Aída Avella, del izquierdista partido Marcha Patriótica, quien sugirió a Martínez retirarse de la lista de candidatos al ascenso.»Como mujer, como madre, como persona que se ha reunido con madres que buscaron sus hijos que fueron víctimas de falsos positivos (…) pido que por favor se respeten los derechos humanos, que no quede la menor duda en este Parlamento (…) de que todas las personas que vamos a ascender hoy respeten los derechos humanos y la Constitución», subrayó.
El senador Antonio Sanguino, de partido Alianza Verde, que también acabó retirándose de la sesión, resaltó que el Congreso tiene la responsabilidad de «utilizar el mecanismo de ascenso» para «adoptar la garantía de no repetición de hechos como los ‘falsos positivos’, como una oportunidad para elevar el prestigio de las Fuerzas Militares y el honor de quienes han de comandarlas».
Al inicio del debate el senador Roy Barreras, copresidente de la Comisión de Paz del Congreso, pidió al ministro de Defensa, Guillermo Botero, que asumiera la «responsabilidad política» por la polémica directriz revelada por el NYT y ampliada con denuncias de otros medios internacionales como el diario El País.
«El mejor favor que usted puede hacerle a sus oficiales, a sus generales, es asumir usted la responsabilidad política de esas instrucciones», dijo Barreras a Botero y añadió que Martínez «carga una responsabilidad sobre sus hombros sin que le corresponda».
Tras la votación, el ministro Botero indicó que «Martínez no tiene ninguna investigación abierta por violaciones a los derechos humanos» y consideró que «tiene una hoja de vida impecable», por lo que consideró la decisión de la plenaria del Senado «adecuada».
