Expertos en derechos humanos de la ONU condenaron el reciente asesinato de un excombatiente de la Farc. El halón de orejas de expertos de la ONU al Gobierno de Duque
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Además, instaron al Gobierno colombiano a respetar las garantías de seguridad acordadas en el proceso de paz de 2016.
«Este atentado es un desafío para el proceso de paz ya que no cumple con el acuerdo final que exige el respeto a la vida de todos los excombatientes que deponen las armas», destacaron los expertos, entre ellos la relatora especial de Naciones Unidas para las ejecuciones extrajudiciales y arbitrarias, Agnes Callamard.
En un comunicado firmado también por los miembros del Grupo de Trabajo de la ONU sobre Desapariciones Forzadas, estos hechos suponen «una violación de las garantías acordadas por Colombia».
El pasado 22 de abril, a las afueras de un campamento de la Armada Nacional en el departamento Norte de Santander, en la frontera con Venezuela, fue hallado muerto un miembro desmovilizado de las FARC-EP, Dimar Torres Arévalo.
El excombatiente formaba parte de programas de reinserción como parte de la implementación de los acuerdos de paz de 2016.
Tras el caso de Torres Arévalo, los expertos de la ONU hicieron un llamamiento a las autoridades colombianas para proteger los derechos y las libertades de todos los excombatientes reincorporados de las FARC-EP y de sus familiares desde el momento de su transición a la vida civil.
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También pidieron investigaciones y enjuiciamientos justos e imparciales por otros asesinatos y actos de agresión, intimidación, hostigamiento o represalias por parte de las fuerzas armadas nacionales o grupos armados.
«Instamos a las autoridades colombianas a que investiguen esta supuesta ejecución extrajudicial y otros asesinatos similares de conformidad con las normas internacionales que exigen independencia e imparcialidad», explicaron los expertos.
«Es importante para la protección de estas personas y de sus familias que estos autores sean llevados ante la Justicia», subrayaron.
Según ellos, ignorar las garantías prometidas a los excombatientes hace que aumenten las posibilidades de abandono del proceso de paz por parte de los excombatientes, así como las posibilidades de que se unan a grupos disidentes o vuelvan a tomar las armas para protegerse a sí mismos.
«El aparente desprecio de estas garantías a nivel estatal es perjudicial para la paz, el desarrollo y la estabilidad. El Gobierno debe tomar medidas inmediatas para implementar los acuerdos de paz», destacaron los expertos.
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