El presidente Iván Duque, sufrió dos serios reveses en los máximos tribunales del país que ordenaron, en el caso de Corte Suprema, la libertad del exlíder de las FARC Jesús Santrich, mientras que la Constitucional dispuso que sancione la Ley Estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
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Los dos asuntos están desde hace meses en el centro del debate de la opinión pública colombiana y han ahondado la polarización existente desde antes de la llegada de Duque el poder entre defensores y detractores del acuerdo de paz firmado con las FARC el 24 de noviembre de 2016.
El primer golpe para el Gobierno vino en el polémico caso de Seuxis Paucias Hernández Solarte, alias Jesús Santrich, detenido por narcotráfico, delito que supuestamente cometió después de que entrara en vigor el acuerdo de paz, y pedido en extradición por Estados Unidos, y a quien la Corte Suprema de Justicia (CSJ) ordenó que se deje en libertad.
La decisión de la CSJ fue sustentada en el hecho de que Santrich goza de «fuero» como quiera que es uno de los escogidos por el partido FARC para ocupar los cinco escaños a que tiene derecho en la Cámara de Representantes por el acuerdo de paz, junto con cinco en el Senado.
Santrich no llegó a asumir su escaño el pasado 20 de julio porque tres meses antes, el 9 de abril de 2018, fue detenido con base en una circular roja de Interpol a petición de Estados Unidos que lo acusa de tener un acuerdo para exportar diez toneladas de cocaína a ese país.En su fallo, la Corte Suprema consideró que aunque Santrich no asumió como congresista, sí fue acreditado como tal y por lo tanto es un «aforado constitucional», con lo cual es ese tribunal, y no la justicia ordinaria, la que debe llevar su proceso.
Por ello, «sería contrario a los derechos fundamentales del aforado constitucional mantenerlo privado de la libertad, cuando aquellos se han desconocido. Por eso, se impone otorgarle la libertad», sentenció la Corte.
«No podemos dejar de llamar a las cosas por su nombre, alias Jesús Santrich es un mafioso y las evidencias que conoce el país son las de un mafioso que estaba negociando el envío de un cargamento de cocaína», respondió Duque al referirse a la decisión de la Corte Suprema.
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Pese a que la CSJ ordenó que se le deje en libertad, la Fiscalía, que lo tiene detenido, no le concedió la excarcelación inmediata y seguramente será este jueves que el exjefe de las FARC saldrá libre para asumir su escaño como congresista, según anticiparon sus compañeros de partido.
«Muy contentos con esta decisión, nos parece que se restablecen los derechos de Jesús Santrich, que habían sido violados», dijo el senador de la FARC Carlos Antonio Lozada, quien agregó que ese partido está pendiente de «las gestiones que hay que hacer para que inmediatamente pueda venir a posesionarse en su cargo como representante a la Cámara».
Sin embargo, la Procuraduría General (Ministerio Público) solicitó a la Corte Suprema que ordene de nuevo la captura de Santrich para que sea «escuchado en indagatoria por los presuntos delitos de concierto para delinquir con fines de narcotráfico y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes agravado».
«En ese sentido también respaldo la solicitud que ha hecho la Procuraduría para que se proceda nuevamente con su detención. Los mafiosos tiene que estar en la cárcel y tiene que recibir una sanción ejemplar por parte de la sociedad colombiana», dijo el presidente.
En una tarde para olvidar para el Gobierno, la Corte Constitucional ordenó al jefe de Estado sancionar la Ley Estatutaria de la JEP, considerada la columna vertebral del acuerdo de paz, al considerar que las objeciones que presentó el pasado 10 de marzo a seis de los 159 artículos de esta iniciativa fueron rechazadas en el Congreso.
«La decisión fue remitir el proyecto de ley al presidente de la república para su sanción y promulgación», dijo en una rueda de prensa la presidenta de la Corte Constitucional, Gloria Ortiz.
Con esto, la Corte Constitucional dio el carpetazo a la controversia que comenzó con las objeciones de Duque al considerar que los seis artículos vetados no garantizan la aplicación de los principios de verdad, justicia, reparación y no repetición que forman parte del acuerdo con las FARC.
El pasado 8 de abril la Cámara de Representantes rechazó las objeciones y el tramite pasó al Senado, en donde 47 parlamentarios también las negaron, pero supuestamente les hizo falta un voto para la mayoría por una diferencia en la manera de calcular el quorum.
Como Gobierno y oposición tenían dudas matemáticas sobre la mayoría necesaria, el Senado dejó la decisión en manos de la Corte Constitucional.
Al final, en el alto tribunal prevaleció el criterio de que al total de 106 senadores se le deben restar 14 que estaban impedidos y que se registraron en la sesión del día, con lo cual quedaron solo 92 aptos para votar y por lo tanto 47 votos suponen mayoría absoluta.
Duque, que hace varias semanas había anticipado que sancionaría el original de la Ley Estatutaria de la JEP si se hundían sus objeciones en el Congreso, confirmó que no la vetará.
«La decisión que toma la Corte Constitucional la acato como colombiano y defensor de la legalidad, pero nunca dejaré de defender los principios que han motivado al pueblo colombiano para que tengamos una paz con justicia, una paz en la que todos creamos y así seguiré procediendo todos los días de mi vida», afirmó.
