Escalofriante radiografía de los «falsos positivos» en Colombia.
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Los «falsos positivos», como se conoce en Colombia a las ejecuciones de civiles por parte de militares, comenzaron en 1988, en el auge de la lucha contra la guerrilla.
y su fantasma revivió hace una semana con un artículo del diario The New York Times según el cual la política de resultados operacionales del Ejército puede revivir esa práctica.
Un informe que entregó en junio del año pasado la Fiscalía a la JEP señala que los «falsos positivos» se incrementaron a partir de 2002.
De hecho, subraya que el 97 % de los casos investigados ocurrieron entre 2002 y 2008, periodo durante el cual el presidente era Álvaro Uribe (2002-2010).
y en la comandancia del Ejército estaba el general Mario Montoya (2006-2008), quien firmó en octubre del año pasado el acta de sometimiento a la JEP.
Montoya ha insistido en su inocencia frente a esos crímenes.
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A continuación las claves para entender el caso de los «falsos positivos» en el país:
LAS CIFRAS
Según la Fiscalía, los «falsos positivos» dejaron 2.248 víctimas entre 1988 y 2014, aunque organizaciones civiles denuncian que los muertos por esa política pueden llegar a 5.000.
En cuanto a procesados, van 5.626, de los cuales 3.826 eran soldados, 992 suboficiales, 514 oficiales y 133 civiles, entre otros.
Actualmente hay 1.236 uniformados que tienen el beneficio de la libertad transitoria por ya haber sido condenados por la justicia ordinaria por estos crímenes y casi 5.000 expedientes están abiertos sobre ejecuciones extrajudiciales en los que se menciona a 18 altos oficiales del Ejército.
LOS HECHOS
En 2008 se descubrió el «modus operandi» de los militares implicados, que consistía en atraer a jóvenes pobres, algunos discapacitados, con falsas promesas de trabajo para luego llevarlos a otras regiones del país en donde eran asesinados y presentados como guerrilleros muertos en combate para de esta forma obtener permisos, premios y otros beneficios de sus superiores.
El escándalo le costó el cargo a cuatro generales ese mismo año, pero hasta ahora no hay ningún militar de ese rango condenado por estos asesinatos.
DENUNCIA DEL NYT
El pasado 18 de mayo el diario estadounidense The New York Times publicó un artículo en el que denunció que el Ejército ordenó recientemente a sus soldados duplicar el número de criminales y rebeldes muertos.
La publicación asegura que este año surgió un «patrón» de asesinatos sospechosos y encubrimientos, abriendo la puerta a «aliarse» con grupos criminales para obtener información que permita mejorar los resultados del Ejército contra grupos armados ilegales.
Tras la publicación, el periodista del NYT Nicholas Casey y el fotógrafo colombiano Federico Ríos se vieron obligados a salir de Colombia por motivos de seguridad.
RESPUESTA DEL EJÉRCITO
El comandante de las Fuerzas Militares, general Luis Fernando Navarro, afirmó el 20 de mayo que no existe riesgo de que «civiles inocentes» mueran durante las operaciones militares.
Al día siguiente, el comandante del Ejército, general Nicacio Martínez, confirmó que se cambiará la directriz denunciada por el NYT porque considera que hubo «mala interpretación» por parte de personas ajenas a la institución.
EL GOBIERNO SE DEFIENDE
El 21 de este mes la Cancillería y el Ministerio de Defensa remitieron una carta al editor del NYT en la que pusieron en duda «la veracidad» de las versiones de oficiales que sirvieron como fuente para el artículo.
Sin embargo, el presidente colombiano, Iván Duque, creó este 24 de mayo una comisión para analizar los procedimientos de las operaciones militares y asegurarse de que respeten los derechos humanos.
Por su parte, el canciller, Carlos Holmes Trujillo, anunció el viernes pasado que se reunirá la próxima semana con representantes del periódico para explicar la política del Gobierno en temas de orden público y su manejo de la paz.
COMUNIDAD INTERNACIONAL SE PRONUNCIA
El director ejecutivo para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, advirtió el 22 de mayo que «sería muy grave que hubiera retaliaciones contra los oficiales que se animaron a contar la verdad» al NYT.
Mientras tanto, el viernes anterior la embajada de EE.UU. en Bogotá elogió la creación de la «comisión presidencial independiente» que analizará las órdenes y documentos relacionados con las operaciones del Ejército.
También, la portavoz del Departamento de Estado de EE.UU., Morgan Ortagus, dio ayer «la bienvenida a la decisión de establecer» dicha comisión para que «examine las alegaciones con respecto a las Fuerzas Armadas colombianas».
EL PASADO DEL GENERAL MARTÍNEZ
Al comandante del Ejército se le señala de presuntamente haber hecho en 2005 siete pagos dudosos a un informante como parte de la política de recompensas del Ejército.
En esa época Martínez era coronel y comandante de la Décima Brigada y el beneficiario fue un soldado que posteriormente fue condenado a 40 años de prisión por su implicación en los «falsos positivos».
Al respecto, el Ejército explicó que Martínez «no tiene investigación, sanción o impedimento alguno (…) por temas relacionados con derechos humanos» y que su cargo «era jefe de Estado Mayor», lo que «significa que no tenía injerencia ni responsabilidad en la parte operacional, solo en la parte administrativa».
Este domingo la Presidencia colombiana calificó en Twitter de «falso» que Martínez haya «pedido a los soldados que adelanten operaciones letales sin tener la información completa ni la certeza del objetivo», como denunció el NYT.
