La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) cuestionó a la Fiscalía por no entregarle nuevas pruebas que EE.UU. suministró a esa entidad sobre el caso del exlíder de las Farc ‘Jesús Santrich’, quien fue recapturado segundos después de salir de prisión.
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«La JEP se pregunta por qué esas evidencias que dice tener la Fiscalía General de la Nación, suministradas por el EE.UU. que solicitó la extradición de Hernández Solarte (Jesús Santrich), no fueron aportadas al análisis que hizo la Sección de Revisión», detalló el alto tribunal en un comunicado.
Seuxis Paucias Hernández Solarte, alias «Jesús Santrich», fue recapturado este viernes por la Fiscalía momentos después de salir de la cárcel bogotana de La Picota, donde estuvo detenido trece meses por solicitud de EE.UU., que lo pidió en extradición por narcotráfico.
El exlíder guerrillero salió de prisión en una silla de ruedas y rodeado por agentes del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), de la Fiscalía y de la Policía, en cumplimiento de una orden de «libertad inmediata» librada hace dos días por la JEP.
No obstante, una vez cruzó la puerta principal de La Picota, agentes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía leyeron a Santrich una nueva orden de detención y lo devolvieron al centro carcelario por «nuevas evidencias» que justificaron su recaptura.
Santrich fue detenido en Bogotá el 9 de abril de 2018 bajo la acusación del delito de narcotráfico después de la firma del acuerdo de paz, del 24 de noviembre de 2016, con lo cual, en caso de comprobarse su responsabilidad, quedaría sometido a la justicia ordinaria y no a la JEP.
El alto tribunal insistió hoy en que esas «nuevas evidencias y elementos de prueba» sobre el caso «nunca fueron aportadas a la Sección de Revisión de la JEP».
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En ese sentido, señaló que una vez la Procuraduría interponga un recurso apelación a la sentencia de la JEP que denegó la extradición de Santrich, la Sección de Apelación «se dispondrá a considerarlo».
«Debe quedar claro que la JEP, como tribunal de justicia transicional, actuó en el caso Hernández Solarte como garante del proceso de paz, apegado a la juridicidad y no ha sido ella la que eventualmente propicie la crisis del proceso de paz», aseguró la institución.