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El partido Cambio Radical, liderado por el exvicepresidente Germán Vargas Lleras, no apoyará las objeciones que hizo el presidente colombiano, Iván Duque, a la Ley Estatutaria de la Justicia Especial para la Paz (JEP) que estudia el Congreso.
«Creemos que las objeciones (a la Ley Estatutaria) están consignadas en varias de las normas que fueron aprobadas mediante el procedimiento de fast track (mecanismo de vía legislativa rápida para tramitar leyes y normas para la implementación del acuerdo de paz)», dijo a periodistas el congresista Germán Varón, luego de una reunión de parlamentarios de su bancada.
El pasado 10 de marzo, Duque anunció que devolvió al Congreso la Ley Estatutaria al objetarla parcialmente seis de los 159 artículos de esa iniciativa por considerar que no garantizan la aplicación de los principios de verdad, justicia, reparación y no repetición que forman parte del acuerdo de paz firmado con las FARC.
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El senador Varón explicó que «si existe un único control por parte de la Corte Constitucional, ya está absuelto el tema desde el punto de vista jurídico».
La decisión tomada por Cambio Radical es clave porque el Congreso estudia las objeciones hechas por Duque a la ley que fue aprobada por el Senado y la Cámara de Representantes en 2017 y luego recibió el visto bueno de la Corte Constitucional, con lo cual el único trámite que le faltaba era la sanción presidencial, pero el mandatario decidió objetarla parcialmente.
Si todo se da como se anunció, los 30 representantes y los 16 senadores del partido deberían votar de manera unificada en torno a rechazar las objeciones a la ley de la JEP.
El Partido Liberal, al igual que los partidos de izquierda como el Polo Democrático Alternativo, la Alianza Verde y el Partido FARC, también votarán en contra de las objeciones de Duque, mientras que el Partido Conservador, de Gobierno, aún no define su posición.
La JEP es el componente de justicia del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición, creado por el acuerdo de paz entre el Gobierno colombiano y las FARC.
Su principal función es administrar justicia transicional y conocer de los delitos cometidos en el marco del conflicto armado que se hubieran cometido antes del 1 de diciembre de 2016.
