Un total de 221 personas fueron víctimas de minas antipersona y de artefactos explosivos en Colombia en 2018, lo que supone un incremento de casi el 300 % con respecto al año anterior, informó este jueves el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR).
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«Es un aumento de casi el 300 %. En este año, solamente hasta el día de hoy, ya contamos con 76 incidentes con personas heridas o muertos, (…) civiles en su mayoría y militares que se ven afectados en (el resto de) su vida», explicó en una rueda de prensa el jefe de la delegación del CICR en Colombia, Christoph Harnisch.
En dicha rueda de prensa, el CICR presentó su balance anual de la situación humanitaria en Colombia y de los retos humanitarios para 2019.
En este sentido, Harnisch aseguró que los datos de víctimas de minas antipersona muestran un «indicador de la persistencia» de «dinámicas conflictivas» en lo que el derecho internacional humanitario califica como «conflictos armados no internacionales».
Actualmente, según se desprende del balance del CICR, en Colombia existen cinco conflictos armados.
Cuatro de ellos son los que sostiene el Estado con la guerrilla Ejército de Liberación Nacional (ELN); el Ejército Popular de Liberación (EPL), también conocidos como «Los Pelusos» y considerados como una banda narcotraficante; las disidencias de las FARC, y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), banda criminal heredera del paramilitarismo.
Además, existe un quinto conflicto que sostienen el ELN y el EPL en la selvática región del Catatumbo, fronteriza con Venezuela, y que está fuertemente vinculado a la lucha por el control de las rutas del narcotráfico.
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El jefe de la delegación del CICR detalló que todos los grupos armados «son responsables de poner artefactos explosivos improvisados para defender sus posiciones o enfrentar a la fuerza publica», lo que considera que es «la conclusión más preocupante» del balance.
«Lo que mata más son los artefactos explosivos que utilizan todos los actores armados. No se puede decir que hay un grupo que los utiliza más (que otro)», explicó.
Harnisch explicó que sembrar minas «fue una táctica (usada) en el pasado», que se pensaba entre 2016 y 2017 que iba a desaparecer al calor del acuerdo de paz firmado por el Gobierno colombiano y la ya desmovilizada guerrilla de las FARC.
Sin embargo, no solo se mantuvo sino que los efectos tienen actualmente unas fuertes «consecuencias para las comunidades porque no pueden moverse» de sus lugares de residencia ante el temor a pisar una mina, situación especialmente compleja en el departamento pacífico del Chocó y en el Cauca (suroeste).
Del total de 221 casos, 128 de las personas afectadas eran civiles, de los que 26 eran menores de edad.
De esos 221 casos, 31 personas fallecieron, se agrega en el informe.
El balance también recoge un incremento del 90 % en las cifras de desplazamiento, puesto que en 2017 hubo 14.594 casos y en 2018 fueron 27.780.
Ante lo anterior, Harnisch subrayó que el aumento de los desplazamientos masivos muestra que hay «un ataque contra la población civil».
La degradación de la situación humanitaria en todos los indicativos también muestra que siguen creciendo las desapariciones forzosas de personas civiles.
«La desaparición es utilizada como amenaza, como herramienta para crear entornos de miedo en la población civil», subrayó el jefe de la delegación del CICR en Colombia.
Según detalló, se produjo un caso de desaparición forzosa cada cuatro días en 2018.
