La magistrada Cristina Lombana, de la sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, investiga a Álvaro Uribe. En su cargo debe investigar a los funcionarios aforados, como el senador y expresidente del Centro Democrático. La jurista fue posesionada en octubre de 2018 por el presidente Iván Duque. Pero, según el columnista Daniel Coronell, «se le pasó por alto» mencionar un importante conflicto de interés que podría tener.
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La magistrada, según la denuncia de Daniel Coronell en la revista Semana, trabajó en la firma del abogado Jaime Granados. Como tal, la participación de Cristina Lombana en esta oficina podría generar un posible conflicto de interés. Sobre todo, porque Granados es el apoderado de Uribe en varios casos que reposan en la Corte, y que tendría que juzgar Lombana.
Lo más grave es que en la hoja de vida oficial presentada a la Corte Suprema, Lombana no adjuntó esta experiencia. Solo lo hizo cuando el propio Coronell le presentó un derecho de petición. La jurista, además, es mayor activa del Ejército, y trabajó con Granados entre 1995 y 1997.
«Ninguna certificación me fue expedida ya que, según información telefónica que me proporcionó quien en esa época atendió mi llamada, y cuyo nombre desconozco, me manifestó que en sus archivos no reposaba ningún registro de mi paso por ese lugar», dice el derecho de petición citado por Coronell.
«Resultó más importante la formalidad de la certificación que el hecho innegable de que había trabajado para el defensor de quien sería sujeto de investigación de la sala que ella integraría”, dijo el periodista.
