La vicepresidenta de Colombia, Marta Lucía Ramírez, pidió este lunes que no se convierta el debate sobre las objeciones del presidente colombiano, Iván Duque, a la Justicia Especial de Paz (JEP) en un «pulso político» y emplazó a los partidos de la oposición a «buscar consensos».
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«No es cierto que exista un choque de trenes porque el presidente Iván Duque está haciendo uso de sus facultades constitucionales y su obligación política consiste en perfeccionar la Ley Estatutaria, respetuoso de la institucionalidad y las instancias posteriores de debate político y revisión constitucional», dijo en un comunicado.
Duque objetó el pasado 10 de marzo seis artículos de la Ley de la JEP, columna vertebral del acuerdo firmado con las FARC, para garantizar que haya verdad, justicia, reparación y no repetición de la violencia del conflicto armado.
Por ello, Ramírez pidió a los opositores al Gobierno que «busquen consensos que permitan alcanzar verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición legítimas y reales en el acuerdo final con las FARC y en el proyecto de Ley Estatutaria de la JEP».
La vicepresidenta agregó que «la JEP es un hecho y continuará funcionando. No se busca acabarla sino mejorarla», después de que el anuncio de las objeciones generase polémica entre la oposición.
«Nosotros hemos dicho todo el tiempo: la Jurisdicción Especial para la Paz es un hecho, es una realidad. Se decidió en el acuerdo con las FARC, se incluyó en una reforma que se hizo después en el Congreso por la vía fast track», sentenció.
Duque objetó seis de los 159 artículos de la Ley Estatutaria de la JEP porque, después de analizarla, concluyó que no garantiza la aplicación de los principios de verdad, justicia, reparación y no repetición, que forman parte del acuerdo firmado en noviembre de 2016 entre el Gobierno y la guerrilla de las FARC.
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Estas objeciones fueron objeto de debate en el Congreso colombiano, en el que senadores uribistas y de la FARC se enzarzaron en una discusión que obligó a suspender el debate.
Ramírez emplazó a la sociedad «y a todos los partidos políticos» a «cerrar la brecha de desigualdad, lograr la verdadera inclusión social que está pendiente en Colombia y generar consensos, para lograr una paz bien hecha que nos una y eliminar la idea de amigos y enemigos de la paz».
«La principal motivación es cumplirle a quienes han escogido la ruta de legalidad y están en el proceso de sometimiento a la justicia especial de tal manera que no existen motivos para que duden del compromiso del Gobierno Nacional en respetar la separación de poderes y el funcionamiento de la JEP», concluyó.
