La Procuraduría General de Colombia abogó para que se respete el derecho de los ciudadanos a expresarse libremente en redes sociales. Eso sí, también resaltó la importancia de tener una «sociedad crítica» que no reproduzca noticias falsas. Así lo afirmó afirmó el procurador, Fernando Carrillo, citado en un comunicado de su despacho.
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«Es esencial que los ciudadanos tengan la capacidad de tener una lectura crítica de los contenidos de las redes sociales. Además, que cada uno aprenda a distinguir entre la verdad y la falsedad, entre lo que es útil y la basura digital. Asimismo, diferenciar entre el interés de las corporaciones y el de la ciudadanía»
Carrillo aseguró que no es necesaria una dura regulación sobre el uso de las redes. Lo único es que se debe «construir ciudadanos digitales libres, informados y con voluntad de paz, convivencia y solidaridad».
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Durante la audiencia participaron funcionarios de los ministerios de Educación y Tecnologías de la Información y Comunicaciones. Asimismo, estuvo presente el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, y el director de la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), Pedro Vaca. Allí, el magistrado José Fernando Reyes aseguró lo siguiente.
«Para la Corte es claro que la circulación de información y la presencia de un destacado avance en la tecnología, nos ha convertido en ciudadanos digitales. Dicho factor se debió a que se amplió el espectro del ejercicio de las libertades»
Por otro lado, el relator especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Edison Lanza, afirmó que «exigir condicionamientos previos» de veracidad es una forma de «inhibir la libertad de expresión o el debate público».
Por su parte, Vaca resaltó que los límites de la libertad de expresión «no depende del sentir del afectado». Al contrario, todo depende de que se cometa un daño.
Entre tanto, el representante en Colombia de Google LLC, Lorenzo Villegas Carrasquilla, afirmó que las plataformas digitales no deben ser responsables por lo que publican terceros.
«No corresponde a los privados convertirse en los jueces de la web. Corresponde a los jueces determinar la legalidad o ilegalidad de los contenidos y no a la plataforma»
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